Por Graciela Tiburcio Loayza

Por primera vez en la historia de los Derechos Humanos en América Latina, la demanda por justicia de una mujer trans se presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en audiencia realizada el último 27 de agosto en San José (Costa Rica). Más de 800 personas que acudieron a la sesión N° 62 de la Corte fueron testigos del histórico precedente para los derechos LGBTI.

Se trata del caso de Azul Rojas Marín, ciudadana peruana que el 25 de febrero de 2008 fue torturada por integrantes de la Policía Nacional del Perú, luego de ser detenida arbitrariamente en la comisaría de Casa Grande (La Libertad).

Azul fue insultada, golpeada, desnudada a la fuerza, la tocaron sin su consentimiento y le introdujeron una vara de reglamento por el recto mientras la sujetaban de brazos y piernas para inmovilizarla. La obligaron a quedarse desnuda durante toda la madrugada, sin posibilidad de pedir ayuda médica para curar las lesiones provocadas por los golpes y la violación.

Cuando la liberaron, intentó poner la denuncia por la tortura sexual a la que había sido sometida, pero fue violentada nuevamente por la policía. Solo cuando acudió a los medios de comunicación fue que las autoridades aceptaron su denuncia. Pero la violencia no paró durante todo el proceso, Azul tuvo que soportar que la Fiscalía de Acope ponga constantemente en duda su testimonio.

Once años después de ocurridos los hechos, sus agresores siguen libres y sin sanción. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), encontró responsable al Estado peruano de no haber investigado con la debida diligencia la denuncia, con el agravante del prejuicio que existe en el país hacia las personas LGBTI.

La CIDH recomendó a Perú adoptar una serie de medidas para reparar el daño material y moral sufrido por Azul, incluyendo disculpas públicas, una pronta y efectiva investigación de los hechos; y adoptar garantías de no repetición.

Sin embargo, hasta la fecha, Perú no ha cumplido con reparar los daños, por eso, compareció ante la justicia internacional. El Estado tiene hasta el 30 de septiembre como plazo máximo para presentar sus alegatos finales.

Vidas que esperan justicia

¿Cuánto tiempo puede resistir una persona esperando justicia? La lucha de Azul lleva once años, y junto a ella, hay otras dos mujeres trans más que también lo hacen.

Yefri Peña es también sobreviviente del odio. La cicatriz en su rostro es el recuerdo de la madrugada del 28 de octubre de 2007, ese día cinco sujetos la persiguieron en Ate Vitarte cuando salía de trabajar como promotora de salud. Pidió auxilio a un patrullero policial que se encontraba cerca, pero los suboficiales, Gamboa Huamán e Ybias Altamirano, le dijeron “soluciona tu problema en otro lado, no te vamos a ayudar”.

Buscó refugio en el bar que se encontraba frente al lugar donde el carro de los policías estaba estacionado, pero no logró huir. Los sujetos la alcanzaron, la sacaron de la cantina arrastrándola de los cabellos, le hicieron más de 20 cortes en toda la espalda y profundas heridas en el rostro con botellas rotas.

Yefri tuvo que fingir su muerte para que dejaran de agredirla. Los policías fueron testigos silenciosos del brutal ataque que la mantuvo en coma por 30 días.

La negativa de los policías para ayudar a Yefri, le dio la oportunidad a sus agresores de escapar y no ser identificados.  El 17 de agosto de 2018, la fiscal Marcelita Gutiérrez de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial, archivó la denuncia contra los suboficiales. Para la fiscal, que los policías no brindarán ayuda a la víctima, no significa que avalaran la tortura.

La Fiscalía Superior de Control Interno ha decido abrir una investigación contra Marcelita Gutiérrez por dilatar las investigaciones. La espera por justicia transcurre y un nuevo ataque atentó contra la vida de Yefri.

El 07 de diciembre de 2018, Gino Santana Soller le gritaba “¡vas a morir, maricón de mierda!”, mientras, piedra en mano, rompía la cabeza. Sobrevivir a los ataques de odio es parte de su día a día. Por el caso de Yefri, Perú tendrá que responder ante el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas.

Yefri aún resiste, pero hay quienes no pudieron sobrevivir. Claudia Vera fue asesinada de cuatro balazos la mañana del sábado 30 marzo de este año en el distrito de Independencia. Sus compañeras de trabajo relataron que una hora antes del crimen, una pareja las insultó y amenazó con matarlas, no imaginaron que esas amenazas se concretarían.

Claudia era una activista trans reconocida por su trabajo con jóvenes para prevenir la transmisión de VIH, fue la gestora del Primer Encuentro Nacional de Jóvenes con VIH en Cusco (2016). Tras su muerte, el Ministerio Público inició una investigación preliminar del caso; sin embargo, es poca la información que se tiene sobre las indagaciones.

Probablemente, su memoria tendrá que verse empañada por la impunidad en la justicia.

Crímenes invisibles

Los casos de Azul, Yefri y Claudia representan a muchos más y a otros tantos que no llegan a denunciarse. Perú no cuenta con registros oficiales que recopilen el número de casos de crímenes de odio o discriminación hacia la comunidad LGBTI, es desde sociedad civil que se intenta mapear estas agresiones.

Según el Observatorio de Derechos LGBT del Instituto de Estudios en Salud, Sexualidad y Desarrollo Humano de la Universidad Cayetano Heredia, entre febrero de 2013 y 2014, se registraron 97 casos de vulneración derechos a personas lesbianas, gays, bisexuales y trans. De ellos, 11 fueron asesinatos.

En 2015, el registro aumentó. El boletín anual del Observatorio presentó 400 casos, entre los que figuraban 14 homicidios, 65 casos de violencia, 17 casos de acoso, 29 casos de discriminación por el Estado y 24 casos de discriminación en instancias privadas. Mientras que, en 2016, 3 mujeres trans fueron asesinadas y se conocieron 73 casos de agresión física.

Un informe elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, reveló que el 63% de la comunidad LGBTI peruana ha sufrido discriminación o violencia. Según el Observatorio LGBT, más del 40% de agresiones son perpetradas por el Estado, ya sean funcionarios públicos, policías, congresistas, u otros.

El contexto nacional es evidencia de la homofobia que reside en los poderes del Estado.

Con un Congreso que intentó derogar la única norma que reconoce los crímenes de odio (DL1323) y que está en contra del enfoque de género -a pesar de los más de 500 casos de violencia escolar por orientación sexual e identidad de género-, y un Poder Judicial que pone trabas para sentenciar a los agresores, el próximo fallo de la Corte IDH por el caso de Azul es más que un resquicio de esperanza para el acceso a justicia.

Fuente: https://wayka.pe/historias-de-tortura-crimenes-de-odio-contra-personas-lgtbiq-en-peru/