CIDH presenta balance del seguimiento a la Mesa de Trabajo sobre Implementación de Políticas de Derechos Humanos en República Dominicana

 

Washington, D.C. – En el marco de la Mesa de Trabajo sobre Implementación de Políticas de Derechos Humanos, y tras ocho meses de seguimiento a los compromisos asumidos por el Estado dominicano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presenta el Informe de Balance del seguimiento a dicha Mesa de Trabajo.

Durante el 2018, la CIDH instaló y celebró con el Estado y la sociedad civil dominicana dos Mesas de Trabajo sobre Implementación de Políticas Públicas de Derechos Humanos en República Dominicana. Ello, a fin de dar seguimiento a las recomendaciones y compromisos relativos a la adquisición de la nacionalidad, migración, políticas para combatir todas las formas de discriminación y las políticas sobre los derechos de las mujeres e igualdad de género. La Mesa de Trabajo constituyó una herramienta complementaria al proceso de seguimiento general de las recomendaciones sobre la situación de los derechos humanos en República Dominicana.

En marzo de 2019, la CIDH presentó el Informe de seguimiento relativo a las temáticas de la Mesa de Trabajo sobre Implementación de Políticas de Derechos Humanos en República Dominicana (Capítulo V del Informe Anual de la CIDH 2018) y a las recomendaciones establecidas en sus informes de país. Los avances y los desafíos pendientes de la Mesa de Trabajo fueron analizados en el marco del referido informe, y se valoraron una serie de acciones realizadas durante 2018 por el Estado –tales como la instalación de la Mesa de Trabajo sobre Implementación de Políticas de Derechos Humanos en República Dominicana– que se adoptaron a fin de buscar un diálogo con la CIDH para buscar soluciones a las críticas situaciones planteadas a lo largo del capítulo del Informe en referencia. Sin embargo, la CIDH observó también en su Informe que las medidas recomendadas por la CIDH aún cuentan con tareas pendientes y desafíos que afrontar para alcanzar su total cumplimiento.

El 25 de enero de 2019, el Estado dominicano remitió a la CIDH una nota que contenía los compromisos del Estado dominicano resultantes de la Mesa de Trabajo, a realizar en el 2019: (1) una reunión de trabajo con la sociedad civil; (2) dar respuesta a mitad del año un cuestionario de preguntas sobre derechos humanos suministrado por la CIDH; (3) una capacitación a funcionarios públicos sobre derechos humanos por parte de la CIDH y (4) la presentación de un informe a final de año en Washington, D.C. para explicar los avances alcanzados por el país en materia de derechos humanos.

Por su parte, la CIDH saluda las acciones emprendidas por el Estado dominicano para dar cumplimiento a los compromisos asumidos al respecto. El Estado ha informado a la CIDH sobre la realización de la Reunión de Trabajo con la sociedad civil el pasado 23 del mes de mayo de 2019. Asimismo, el 13 y 14 de agosto de 2019 tuvieron lugar los cursos de capacitación para funcionarios públicos, impartidos por la CIDH. Los cursos trataron temas relativos a las normas y estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en materia de migración, acceso a la nacionalidad, discriminación contra las mujeres, personas LGTBI y afrodescendientes. Representantes de la Presidencia de la República, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, la Junta Central Electoral, la Procuraduría General de la República, la Dirección General de Migración, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Interior y Policía, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Trabajo, el Instituto Nacional de la Vivienda, la Dirección General de Prisiones, el Consejo Nacional de Persona Envejeciente, el CONANI y el CONAVIHSIDA estuvieron entre los 35 participantes del curso. Aunado a lo anterior, el pasado 8 de agosto de 2019, la CIDH envió el cuestionario a la República Dominicana a fin de recibir información en torno al avance en materia de políticas públicas de derechos humanos.

El Comisionado Luis Ernesto Vargas Silva, Relator sobre los derechos de los migrantes y Relator de país para República Dominicana, destacó: “La Mesa de Trabajo nos dio una oportunidad importante para consolidar un diálogo con la sociedad civil y República Dominicana, que ahora se ve reflejado en el avance en el cumplimiento de una serie de compromisos asumidos por el Estado dominicano para seguir trabajando en conjunto en el seguimiento de las recomendaciones de la CIDH”.

Por su parte, la Comisionada Margarette May Macaulay, Relatora sobre los derechos de las mujeres, y sobre los derechos de las personas afrodescendientes y contra la discriminación racial, enfatizó: “Para la CIDH es sumamente importante la colaboración directa con el Estado dominicano y la sociedad civil, pues el avance en los compromisos asumidos por el Estado dominicano tiene efectos que a largo plazo y de forma gradual podrían contribuir a la materialización de soluciones que garanticen el goce efectivo de los derechos humanos de todas las personas en la República Dominicana”.

La Comisión Interamericana reitera su compromiso de colaborar con el Estado dominicano en la búsqueda de soluciones a los problemas identificados a través de la Mesa de Trabajo. La Comisión alienta al Estado a mantener esta actitud de apertura, y a implementar las recomendaciones y reparaciones formuladas por la Comisión y la Corte Interamericana, a fin de asegurar que el marco jurídico existente y su aplicación por las autoridades dominicanas garanticen el goce efectivo de los derechos humanos de todas las personas en la República Dominicana de conformidad con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

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