Quito, Ecuador. Durante audiencia temática celebrada en el marco del 174 período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Quito, Ecuador el pasado 12 de noviembre; activistas LGBTI y afrodescendientes de Brasil, Colombia, Perú y República Dominicana presentaron la situación de violencia, desprotección y desconocimiento de sus derechos vigente en cada uno de estos Estados con el apoyo del Instituto Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad).
A lo largo del espacio los y las activistas destacaron como las personas afrodescendientes con orientaciones sexuales e identidades de género diversa presentan mayor riesgo de que sus derechos sean vulnerados especialmente por un desconocimiento generalizado de los Estados de las afectaciones diferenciadas que sufren las personas que viven esta intersección.
Así mismo, presentaron un sumario de casos de asesinatos y violencia hacia personas afrodescendientes y transgénero caracterizados especialmente por haber sido cometidos con un alto grado de sevicia y odio; además de permanecer en su totalidad impunes.
Isaac Porto, consultor de Raza e Igualdad en Brasil destacó que la situación de violencia y discriminación contra la población Afro-LGBTI en Latinoamerica se enmarca dentro de la declaración de Durban, su programa de acción, los objetivos del decenio “Afrodescendientes: reconocimiento, justicia y desarrollo”. Dicha declaración da cuenta de las complejidades específicas derivadas del limitado acceso a derechos básicos de la población Afrodescendiente, así como el ser marginadas dentro de sus propios países e impactadas por graves conflictos sociales o armados, en el peor de los casos.
En segundo lugar, Porto destacó la OC-24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señaló que “los Estados deben garantizar el reconocimiento de la identidad de género a las personas, pues ello es de vital importancia para el goce pleno de otros derechos humanos”. Ya que las violencias más graves contra la población afro-LGBTI han sido contra las personas afro-trans.
Precisamente, “En enero de este año, en Brasil, a una mujer trans le arrancaron el corazón y lo reemplazaron por la imagen de una santa. Su asesino fue absuelto del caso, a pesar de que él había narrado con una sonrisa en su rostro y con gran detalle cómo la había matado y como mantuvo su corazón en su casa” relató la activista afrobrasileña Bruna Benavides, miembra de la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales, ANTRA de Brasil.
Según información ofrecida por Benavides solo este año, 110 personas trans han sido asesinadas en Brasil, el 85% de ellas negras. Así mismo, la activista reportó que el 90% de la población de travestis y mujeres trans en este país están dedicadas a la prostitución por falta de oportunidades.
De igual forma, señaló que este grupo de personas son víctimas constantes de discriminación por parte de diferentes instituciones estatales, debido al inacceso a un servicio de salud apropiado, acceso limitado a oportunidades laborales justas y reconocimiento, así como el respeto de su identidad de género. Al respecto Benavides agregó “… hoy tenemos miedo de volver a caminar por las calles, y como defensora de los derechos humanos no me siento segura a pesar de los avances que hemos hecho, porque nuestros líderes tienen en común una política de odio racista, machista…”
El líder Justo Arevalo representante de la organizaciones colombiana Arco Iris de Tumaco, en nombre además de la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas (CNOA) y Somos Identidad, resaltó que los contextos de rechazo, violencia y discriminación al interior de las mismas comunidades, hacía las personas que asumen una orientación sexual o identidad de género diversa, generan otro tipo de violencias cíclicas y sistémicas que atentan contra la integridad de las personas Afro-LGBTI. Ejemplo de esto en Colombia el desplazamiento forzado hacía ciudades que agudizan los círculos de violencia que estás personas viven.
“En marzo de 2019, fue radicado en Bogotá ante la Jurisdicción Especial para la Paz, un informe sobre la situación que han vivido personas Afro-LGBTI, cuyos principales hallazgos muestran que las violencias e impactos documentados están necesariamente atravesados por relaciones raciales y de clase muy particulares, propios del entorno sociocultural, económico y político en el que ocurren, el prejuicio como un factor de violencia, y la responsabilidad de los actores armados ilegales frente a las graves violaciones de derechos en contra de LGBT Afros”, añadió Arevalo en su intervención.
Por su parte, Belén Zapata activista Afrodescendiente Trans de Perú alertó sobre el impacto que presenta en la vida de las personas afrodescendientes transexuales y travestís el abuso policial, resaltando que este configura un patrón de profunda violencia contra el derecho a la integridad personal de estas personas en países como Cuba, Colombia Brasil, Perú y República Dominicana.
Así mismo, la activista se refirió al acceso a servicio de salud de mujeres trans afrodescendientes en la región, caracterizado en su generalidad por no ser eficiente ni digno para esta población.
“Se siguen registrando casos en los que personal médico ofrece atención inadecuada y/o indigna a mujeres trans afrodescendientes. Este patrón es particularmente grave en casos de atención a mujeres trans afrodescendientes que ejercen el trabajo sexual y que son llevadas por lesiones, consecuencia de agresiones físicas. Pero también en casos de solicitud de otros servicios relacionados con la salud reproductiva o la condición VIH/SIDA”. Finalizo diciendo Zapata.
La vulneración de los derechos de las personas Afro-LGBTI es sistemática
“En tanto evitemos resaltar la intersección entre raza y diversidad sexual, seguiremos perpetuando un sistema que invisibiliza a la comunidad LGBTI Afro-descendiente; seguiremos teniendo estructuras legales, políticas públicas e instituciones gubernamentales que no protegen ni garantizan los derechos humanos de la población Afro LGBTI” agregó Katherine Ventura representante de la Clínica Legal de American University, quien además señaló que existen patrones de violencia que son particulares de la población Afro-LGBTI, entre estos destacó tres: 1). Ausencia de garantías de derechos enfocadas en la comunidad Afro-LGBTI; 2). Falta de implementación de las leyes ya existentes y 3). Recopilación inadecuada de data, particularmente en procesos de investigación de delitos en contra de personas afro-LGBTI.
Las organizaciones participantes culminaron haciendo recomendaciones, entre ellas que:
1. Investiguen urgentemente los casos de homicidio y abuso policial de personas afro-LGBTI y, en consecuencia, que los registren y los caractericen adecuadamente.
2. Como parte del cumplimiento de los objetivos propuestos en la Década de Afrodescendientes 2015-2024, la población afro-LGBTI debe ser incluida como beneficiaria de la justicia y las medidas orientadas al desarrollo en la región, y debe ser solicitado a todos los Estados que cumplen con las recomendaciones de la Comisión Interamericana con respecto a la importancia de proporcionar datos diferenciados sobre orientación sexual e identidad de género.
3. Implementar las recomendaciones de la población afro-LGBTI que esta Comision ha hecho desde 2015, particularmente aquellas enfocadas en el desarrollo de políticas públicas que incluyan explícitamente a la población afro-LGBTI.
Al respecto, los Comisionados de la CIDH señalaron la responsabilidad de los Estados de recabar datos, generar políticas y promover procesos que garanticen la reparación, respeto y reconocimiento de los derechos de las personas Afro-LGBTI. En este sentido, la Comisionada Margarette May Macaulay urgió a los Estados ratificar la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación como alternativa que procura abordar las afectaciones de las personas afrodescendientes con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.
De otra parte, el Comisionado Luis Ernesto Vargas Silva, destaco cómo el reconocimiento progresivo de derechos de la población LGBTI en Latinoamérica ha estado marcado po su paso ante el poder judicial. Ha sido producto de la incidencia de la sociedad civil y el uso del litigio estratégico, no simples concesiones de los Estados por intermedio de sus órganos legislativos o por la producción de políticas públicas.
