Ginebra, 30 de septiembre de 2020 – Hoy, en un contexto de reacciones y ataques violentos hacia las comunidades trans en todo el mundo, ILGA Mundo publica una nueva edición del Informe de Mapeo Legal Trans, que detalla el impacto de las leyes y políticas públicas sobre las personas trans en 143 Estados miembros de la ONU en distintas partes del mundo.

La tercera edición del informe analiza las disposiciones legales que establecen la manera en que las personas trans y de género diverso pueden cambiar el marcador de género y los nombres en sus documentos de identidad (reconocimiento legal de género). Asimismo, recopila información sobre las leyes que criminalizan a las identidades trans, tanto de manera explícita como de facto, analizando la situación de nuestras comunidades en todas las regiones del mundo.

“Hasta la fecha, al menos 13 Estados miembros de la ONU en todo el mundo criminalizan explícitamente a las personas trans, pero sabemos que una amplia gama de normas es utilizada para perseguirlas en muchos más países”, señaló Zhan Chiam, coordinador y coautor del informe. “La evidencia obtenida por parte de comunidades locales destaca cómo las normas relativas a la molestia pública, la indecencia, las buenas costumbres, el merodeo, los delitos relacionados con el trabajo sexual y las relaciones sexuales consensuales entre personas del mismo sexo, entre otras, se utilizan activamente con el mismo propósito. La persecución sistemática de personas trans mediante el uso de leyes aparentemente neutrales es igual de dañina que las normas que criminalizan de manera explícita las expresiones de género, como es el caso de las normas que regulan el “cross-dressing”.

Si bien existen Estados donde se encuentran vigentes normas que las criminalizan de manera explícita y niegan a las personas trans su derecho a ser quienes son, otros Estados han avanzado hacia el reconocimiento legal de género a través de un proceso de autodeterminación, lo cual constituye el estándar a seguir.

Desde 2018, se han sumado nueve Estados Miembros de las Naciones Unidas (o  jurisdicciones dentro de ellos) a la lista de países que permiten a las personas acceder al derecho a cambiar su nombre y su marcador de género en los registros y documentos oficiales sin requisitos abusivos tales como someterse a intervenciones quirúrgicas, hormonales o de esterilización, el divorcio forzoso, no tener hijes dependientes, el internamiento forzoso en instituciones psiquiátricas, superar el “test de vida real”, entre otros. Desafortunadamente, estos requisitos son la angustiante realidad que debe enfrentar la mayoría de las personas trans alrededor del mundo.

En Europa, Bélgica, Francia, Grecia, Luxemburgo y Portugal adoptaron leyes que no medicalizan ni patologizan los procesos de cambio de marcador de género.

En América Latina, Brasil, Chile y Costa Rica han habilitado el cambio en los marcadores de género bajo el paradigma de la autodeterminación. Al mismo tiempo, Chile, Colombia y Uruguay han avanzado con respecto a les menores de 18 años, y Argentina ha habilitado una multiplicidad de marcadores de género. En algunas jurisdicciones de Australia (estado de Victoria), Costa Rica y la mayor parte de Canadá, se habilitó la opción de eliminar por completo los marcadores de género.

Pakistán habilitó el cambio de marcador de género sin requisitos prohibitivos, mientras que Canadá introdujo marcadores no binarios en diez de las trece provincias y territorios. En los últimos años, en Botswana y Sudáfrica se obtuvieron victorias ante los tribunales mediante sentencias que reconocen la identidad de género de las personas trans en sus documentos legales y en el sistema penitenciario respectivamente.

Sin embargo, estos avances han venido de la mano de retrocesos considerables. Como señaló Chiam: “En todas las regiones del mundo donde hemos dado seguimiento a los procesos de reconocimiento legal de género, se han producido regresiones, frecuentemente en línea con los discursos sobre la mal llamada “ideología de género”, el surgimiento de movimientos excluyentes y polítiques de derecha que acusan a la comunidad LGBT de atentar contra las identidades nacionales.

Estos ataques han tenido efectos muy dañinos en nuestras comunidades, lo cual se suma a la ola de violencia y a los asesinatos que continúan afectando a las personas de identidades y expresiones de género diversas en todo el mundo.

“Transcurrimos un momento difícil para las personas trans a nivel global, lo cual se refleja tanto en la regresión como en el estancamiento de los derechos relacionados al reconocimiento de género en todos los continentes”, explica Jabulani Pereira, presidente del Comité Trans de ILGA Mundo. “Seguiremos resistiendo contra las leyes represivas y, al mismo tiempo, necesitaremos más estudios que celebren nuestros logros en lo que hace a nuestro derecho a la autodeterminación, nuestro derecho a la atención para afirmar nuestros géneros y a vivir en un mundo que no nos violente de manera física y sistémica”.

Desde que la Asamblea Mundial de la Salud aprobó y adoptó la última Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11), que establece categóricamente que ser una persona trans o de género diverso no significa sufrir un trastorno mental, el movimiento trans ha entrado en un punto de inflexión y los datos veraces se han vuelto esenciales para llevar a cabo un trabajo de incidencia eficaz.

“Ahora más que nunca, necesitamos datos, investigación e información precisa que fundamenten el activismo sobre temas trans”, señalan Tuisina Ymania Brown y Luz Elena Aranda, Cosecretarias Generales de ILGA Mundo. “Más importante aún, esto ofrecería herramientas relevantes para cada contexto local que les activistas trans y les aliades podrían utilizar para hacer oír sus voces e incidir para lograr mayores cambios”.

Investigaciones como el Informe de Mapeo Legal Trans son herramientas poderosas en manos de les defensores de derechos humanos en todo el mundo: arrojan luz sobre cómo las leyes y las regulaciones impactan en las comunidades trans y ofrecen un análisis de los proyectos de ley que se están discutiendo actualmente, y de casos pendientes de resolución ante los tribunales locales, así como de las recomendaciones de comités sobre normativa y consultas públicas en materia de reconocimiento de género.

  Cifras clave (a septiembre de 2020)

• El informe analiza la situación en 143 Estados miembros de la ONU y otras 19 jurisdicciones
• Al menos 13 Estados miembros de la ONU criminalizan a las personas trans de jure (mediante normas legales), en su mayoría con leyes sobre “cross-dressing”. Estos son: Brunei, Gambia, Indonesia, Jordania, Kuwait, Líbano, Malawi, Malasia, Nigeria, Omán, Sudán del Sur, Tonga y Emiratos Árabes Unidos.
  En Irán el Código Penal Islámico tiene una redacción un poco más vaga al respecto, aunque su impacto no es menos severo.
• En al menos 96 Estados miembros de la ONU se permite el reconocimiento legal de la identidad género.
• Al menos 25 Estados miembros de la ONU permiten el reconocimiento legal de género sin requisitos prohibitivos.
• Desde 2018, 9 Estados miembros de la ONU (o jurisdicciones dentro de ellas) han introducido procesos para el reconocimiento legal de la identidad de género sin requisitos abusivos: Australia (algunos estados), Bélgica, Brasil, Chile, Costa Rica, Francia, Grecia, Luxemburgo y Portugal.

Aclaraciones respecto de la terminología

Reconocimiento legal de género: leyes, procedimientos administrativos o procesos mediante los cuales una persona puede cambiar su marcador de sexo/género y sus nombres en documentos de identidad oficiales.

Autodeterminación: modelo de reconocimiento legal de género que no incluye requisitos abusivos como someterse a intervenciones quirúrgicas, hormonales o de esterilización, divorcio forzoso, no tener hijes dependientes, internación en centros psiquiátricos, superar el “test de vida real”, entre otros.

El Informe de Mapeo Legal Trans distingue entre procesos, leyes y políticas públicas de “cambio de marcador de sexo/género” y “cambio de nombre”. La distinción obedece a que los procesos a menudo corren por vías completamente separadas y a veces se basan en leyes o políticas públicas distintas.

Al referirse a la legislación, las decisiones judiciales o las políticas públicas, el informe se ha mantenido fiel al lenguaje de esos documentos para proporcionar una idea del razonamiento detrás de su formulación.

Fuente: https://ilga.org/es/ilga-mundo-lanza-informe-de-mapeo-legal-trans-tercera-edicion