La comisión especial del Senado que estudia el proyecto de ley sobre el Código Penal concluyó este martes su proceso de escuchar las opiniones de diversos sectores sobre esa iniciativa. Como ha marcado el proceso, desde que inició en el Senado, los participantes se han concentrado en hacer observaciones en contra o a favor de las tres causales que permitirían el aborto, y sobre la inclusión o no entre las causas para penalizar la discriminación la orientación sexual y el género.
Esta vez acudieron en representación de la comunidad LGBTQ, Juan Alberto Francisco y Liken Lee, de Trans Siempre Amigas (Transsa). El abogado Francisco aseguró que en el país hay unas 10 leyes que hacen referencia sobre las palabras orientación o preferencia sexual, género e incluso, sobre identidad. Se refirió a la Ley de la Policía Nacional, la Ley no. 76-02 del Código Procesal Penal, la ley de Habeas Data, la ley de Organizaciones Políticas, cuya aprobación es relativamente reciente y el artículo 39 de la Constitución.
”Y algo más curioso, si en el Código Penal no se pueden usar las palabras preferencia u orientación sexual, por qué el Código Procesal Penal, que rige cómo va a funcionar un juicio o un proceso, están incluidas esas palabras”, expresó.
Aseguró que la comunidad LGBTQ es víctima de tratos vejatorios por su orientación sexual o género. Indicó que en el país existen grupos religiosos que promueven y fomentan el odio y la discriminación por esas causas. El abogado dijo que les preocupa la objeción de conciencia porque, entiende, permitiría que con esa justificación sigan siendo objeto de tratos vejatorios y citó como ejemplo, las excusas por motivos religiosos, de ética o costumbres.
Organizaciones católicas
También, una coalición de siete organizaciones católicas asistió ante la comisión especial del Senado para presentar sus posiciones sobre el Código Penal.
El grupo estaba integrado por representantes del movimiento “40 días por la Vida”, El Movimiento Cursillos de Cristiandad, Alianza Vitae, la Comisión Nacional de Pastoral, el Colectivo de Abogados por la Vida y la Constitución, la Red de Abogados Católicos, Emaus Hombres y Mujeres, el Apostolado Courage Latino en la Arquidiócesis de Santo Domingo y la Unión Nacional de Instituciones Laicales Católicas (Unilca).
La oftalmóloga Magdalena Piña, de Alianza por la Vida, reveló que acudieron para hablar sobre los temas que les interesan como son los del aborto y la discriminación.
Argumentó que presentaron las estadísticas de los últimos 22 años sobre la mortalidad materna que, a su entender, desmienten lo que tildó “todas las falacias de los lobos abortistas” en cuento a qué supuestamente ha fallecido una gran cantidad de mujeres por abortar en la República Dominicana.
Asimismo, negó que sea cierto que mueran miles de adolescentes embarazadas por esa causa debido a que insiste en que las estadísticas lo desmienten. Dijo que no es cierto que en los centros médicos dejen agonizar a las pacientes embarazadas que tienen complicaciones porque existen protocolos médicos para salvar la vida de las personas en esas circunstancias.
Además, Mercedes Vázquez Collado, en representación del Colectivo de Abogados en Defensa de la Vida y la Constitución, afirmó que en esta legislatura ordinaria han acudido por cuarta vez al Congreso Nacional para fijar su posición a favor de la vida.
Consideró que la coalición de instituciones católicas que representan están de acuerdo con el proyecto de ley que fue aprobado en la Cámara de Diputados, y favoreció la eximente para despenalizar el aborto, que establece el estado de necesidad para salvar las vidas de la madre o el feto en peligro, consignada en el artículo 103 del proyecto de ley del Código Penal aprobado en la Cámara de Diputados.
“Esta bueno ya, tenemos más de 20 años esperando este Código (Penal), 20 años de trabajo… Esta cámara se ha fajado, la Cámara de Diputados…”, recalcó.
Admitió que todas las leyes tienen sus aspectos de mejoras cuando son aprobadas porque no son perfectas y que sobre la marcha durante el primer año de ejecución se pueden ir ajustando las debilidades que tengan.
Afirmó que siempre se presentarán sectores inconformes y consideró que hay temas suficientemente debatidos y que la sociedad está muy edificada sobre el artículo 187 de la pieza legislativa sobre la discriminación y la objeción de conciencia.
Dijo que la discriminación fue sancionada desde el año 1997 en la ley 94-97 y en el mismo Código Penal que fue aprobado en la cámara baja. Destacó que la discriminación está contemplada de forma general por lo que no es necesario especificar orientación o preferencia sexual o género.
La posición del Ministerio de la Mujer
Del litoral estatal asistieron Daris Sánchez, viceministra de violencia intrafamiliar del Ministerio de la Mujer; Carolina Bolaños, directora de Coordinación Intersectorial y Melina Zaiz, encargada de Agenda Legislativa de esa misma institución.
Daris Sánchez, viceministra de violencia intrafamiliar del Ministerio de la Mujer, informó que acudieron para hablar sobre las tres causales para permitir el aborto, que esperan sean incluidas en la pieza legislativa.
Además, por los términos orientación o preferencia sexual y género que también quieren se incluyan entre las causas para penalizar la discriminación.
”Queremos que quede claro en que el Ministerio de la Mujer insiste, persigue y quiere que sea aprobado (el Código Penal) con las tres causales”, afirmó.
Dijo que es responsabilidad de esa institución defender los derechos y los intereses de las mujeres y precisó que las mujeres y todo ser humano tienen derecho a elegir la vida que quieran llevar.
En tanto que Carolina Alvarado, directora de Coordinación Intersectorial del Ministerio de la Mujer, dijo que desde esa cartera abogan por una reforma al Código Penal que sea integral y garante de todos los derechos humanos de las féminas.
Citó las tres causales para despenalizar el aborto y que esperan que se apruebe un Código Penal que garantice el derecho a la vida, a la salud y la protección y el reconocimiento del feminicidio y la violencia de forma amplia.Precisó que en el caso de la violencia feminicida está debe ser tipificada adecuadamente agregando también la “violencia feminicida conexa” y la “violencia en el escenario feminicida” para poder ampliar y garantizar una atención y un tratamiento digno a las mujeres y a sus familias.
Dijo que desde el Ministerio de la Mujer consideran que el Código Penal se debe proteger la dignidad humana de todos e incluir la orientación sexual y el género entre las causas para penalizar la discriminación.
”Las mujeres al igual que muchísimas otras personas son discriminadas por su orientación sexual sufriendo muchísimas veces diferentes tipos de violencia…“, dijo. Puso como ejemplo los tratos vejatorios que, a su entender, sufren las mujeres por ser lesbianas, por ser mujeres y por ser madres solteras.
Precisó que el Ministerio de la Mujer tiene como competencia legal velar porque las reformas a las leyes y las leyes tengan la perspectiva de la igualdad de género, contempladas en la Constitución, las leyes, en acuerdos internacionales y convenciones sobre los derechos humanos.
Pro Nación
Por otro lado, el ex diputado y abogado Pelegrín Castillo, planteó sus consideraciones sobre el Código Penal ante el Senado en representación de la Fuerza Nacional Progresista y del Centro del Pensamiento y Acción del Proyecto Nacional (Pro Nación). Afirmó que la República Dominicana debe cuidar su integridad demográfica, tanto o más que su identidad territorial.
”Con el tema del aborto, ese tema no se debe tocar porque la Constitución establece una protección amplia a la vida”, argumentó. Favoreció la eximente que permite el aborto cuando se produce un estado de necesidad para salvar la vida de la madre.
Sobre el tema de la discriminación aseguró que como está planteando en el Código Penal es suficiente por lo que no hay que introducir las palabras orientación o preferencia sexual o género.
Dijo que ese último tema es objeto de “manipulación ideológica” y que a nivel de los organismos internacionales se está discutiendo la posibilidad de que hay decenas de géneros y decenas de orientación o preferencias sexuales. “Eso es meter un tema problemático que en nada ayuda al desarrollo del país sino por el contrario mueven unos valores que minan la integridad demográfica de la República Dominicana”, manifestó.
Precisó que “si la estructura de la familia y de la reproducción del grupo humano se ve minado con valores antinatalistas por informes que van dirigidos a controlar la natalidad”.
Fuente: https://www.diariolibre.com/actualidad/politica/comision-especial-senado-concluye-proceso-de-consultas-sobre-codigo-penal-LK27785385
