Situación General de Violencia en la Región
El pasado martes 14 de diciembre TRANSSA participo junto a diferentes organizaciones de La Red Regional de Información sobre Violencias LGBTI en América Latina y el Caribe -Red SInViolencia LGBTI- junto a La Red de Litigantes LGBTI de las Américas, y la Coalición LGBTTTI & Trabajadorxs Sexuales de las Américas y El Caribe ante la OEA de la audiencia pública temática sobre El Acceso a la Justicia de Personas LGBTI en Contextos de Violencia en la Región, solicitada por las tres redes.
Dentro de la información compartida en la audiencia destacamos: La Red Regional Sin Violencia documentó entre el 2014 y 2019 que más de 1.300 personas LGBTI habían perdido la vida de manera violenta en América Latina y el Caribe. Lo que equivale a un promedio de 4 personas asesinadas por día y una por día, sólo en Brasil.
Alrededor del 30% anual de dichos asesinatos estuvieron motivados por el prejuicio hacia la orientación sexual o identidad de género de las víctimas. Del total de homicidios reportados desde 2014 hasta 2019, el 89% se presentaron en Colombia, México y Honduras, siendo este último donde se presenta la tasa más alta de muertes violentas, seguido de Colombia y El Salvador. Estas cifras están ligadas a la violencia generalizada en la región de Centroamérica y en el Triángulo Norte, pero también incide en ello la debilidad de los marcos jurídicos vigentes para garantizar los derechos de las personas LGBTI+. Estos registros sugieren que la violencia afecta de manera desproporcionada a mujeres trans, aunque existe subregistro y desafíos para identificar casos de lesbianas, bisexuales y hombres trans que pueden estar incluidos en las cifras de asesinatos de mujeres.
El prejuicio se hace evidente de distintas formas. Primero, por el exceso de violencia contra las víctimas, algunas son torturadas o violadas antes de ser asesinadas; desmembradas o quemadas. Segundo, por la concentración de la violencia en ciertas partes del cuerpo que son centrales para la expresión de género o para la sexualidad de las víctimas, como los casos de mujeres trans a quienes les desfiguraron el rostro o de hombres gay a quienes les mutilaron los genitales. Tercero, cuando la violencia sexual se ejerce con el objetivo de modificar la orientación sexual de la víctima. Cuarto, cuando la violencia se acompaña de insultos o burlas como actos que buscan humillar o denigrar; o porque la violencia fue precedida por amenazas. Y, por último, cuando la violencia se genera porque la orientación sexual o identidad de género de las víctimas se hace visible en el espacio público, por ejemplo, cuando una pareja tiene expresiones de afecto o una persona es identificada como trans debido a su expresión de género.
TRANSSA compartió la siguiente situación de la República Dominicana
En la República Dominicana el Estado no genera estadísticas sobre homicidios o crímenes contra personas LGBTI. No hay información relacionada a sentencias o investigaciones en casos de violencia motivados por la identidad de género, pues la información se clasifica con base al sexo hombre o mujer.
Las únicas estadísticas que existen sobre crímenes contra personas LGBTI son de sociedad civil. Desde 2006 TRANSSA hemos documentado 49 crímenes contra personas trans, de los cuales solo 5 tuvieron sentencias condenatorias, del 2014 al 2021 se registra un total de 52 homicidios de personas LGBTI, de los cuales: 24 de mujeres trans; 7 de mujeres lesbianas y 21 de hombres gais.
Además, existen riesgos de retroceso. En el Congreso, el código penal que está en trámite, elimina artículos que sancionarían los crímenes de odio, la discriminación relacionada la orientación sexual e identidad de género. Adicionalmente, se propone la objeción de conciencia moral y religiosa como justificación para discriminar.
De otro lado, en los procesos judiciales, las personas trans deben identificarse con el nombre legal, permitiéndoles utilizar el nombre identitario solo a las personas imputadas de un hecho. En la fiscalía los conflictos entre parejas del mismo sexo no son reconocidos como casos de violencia de género, aunque la víctima sea una mujer trans.
Por último, en el año 2018 el Estado Dominicano estableció en el Plan Nacional de Derechos Humanos que, en 2019, la Procuraduría General de la República tendría documentado los casos relacionados a crímenes de odios, pero hasta la fecha eso no ha ocurrido, a pesar de que la sociedad civil ha entregado listas de casos.
Recomendaciones generales para los Estados
- Datos. Se recomienda que los Estados implementen sistemas de información sobre violencia con datos desagregados con las variables de orientación sexual, expresión e identidad de género.
- Creación y ampliación de Fiscales y unidades de investigación especializadas sobre violencia contra personas LGBTIQ+;
- Entrenamiento. Se recomienda a los Estados capacitar a operadores de justicia, fiscales, procuradores, instituciones médico-legales, entre otras personas que participan en el análisis, recolección, valoración y sistematización de materiales probatorios en la perspectiva de género, eliminación de prejuicios sobre personas LGBTI, adoptando los estándares internacionales de acceso a la justicia de personas LGBTI. En el caso de fiscales debe incluir (i) la adecuada imputación de crímenes, (ii) el prejuicio en la hipótesis de investigación, (iii) metodologías de investigación adecuadas, (iv) análisis de contextos.
- Promover el derecho a la no discriminación y su exigibilidad en facultades de derecho, con base en los lineamientos, jurisprudencia y recomendaciones del Sistema Interamericano;
- Respeto a la identidad de género en el proceso penal, incluyendo el reconocimiento de nombres y géneros identitarios durante la recepción de denuncias y/o incluso los procesos, sea en calidad de víctimas o de imputadas, más allá de lo establecido en documentos legales.
- Campañas para prevenir la violencia contra personas LGBTIQ+, en distintos sectores, incluyendo el cultural, educativo, salud, entre otros.
- Promover la transparencia y acceso a la información de casos y procesos penales sobre violencia contra personas LGBTIQ+ para que sociedad civil pueda conocer y apoyar estos procesos.
- Regular y promover la adopción de medidas cautelares/provisionales de seguridad por parte de los órganos de justicia, en casos de violencia contra personas LGBTI, en especial en favor de víctimas y testigos.
Recomendaciones para Republica Dominicana:
Exhortaciones al Estado de República Dominicana:
- Actualice sus normas jurídicas relativas a garantizar los derechos de las personas LGBTI, para reducir la violencia y que permita un verdadero acceso a la justicia.
- Y a la CIDH le pedimos realizar visitas in loco o de la Relatoría LGBTI para evaluar la situación sobre el acceso a la justicia de las personas LGBTI en la República Dominicana.
Buenas prácticas identificadas para el Acceso a la Justicia
En República Dominicana:
El plan estratégico visión 2020-2024 del Poder Judicial donde se incluyó el acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad (incluyendo personas LGBTI). Fue construido con consultas a la sociedad civil. Aunque sigue pendiente la implementación.
