Mesa de Diálogo Estado y Sociedad Civil: un espacio necesario para enfrentar la discriminación en la República Dominicana
La discriminación continúa afectando el ejercicio pleno de los derechos humanos de numerosas personas y comunidades en la República Dominicana. Sus manifestaciones pueden presentarse en el acceso al trabajo, la educación, la salud, la justicia, los servicios públicos y otros ámbitos esenciales para una vida digna.
Frente a esta realidad, la Mesa de Diálogo Estado y Sociedad Civil sobre Discriminación representó un espacio de participación, coordinación y seguimiento entre instituciones públicas y organizaciones sociales, orientado a promover la igualdad, prevenir la discriminación y fortalecer la protección de los derechos humanos.
¿Qué fue la Mesa sobre Discriminación?
La Mesa fue un espacio de diálogo entre el Estado dominicano y organizaciones de la sociedad civil, promovido en el marco del seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos —CIDH— a las recomendaciones relacionadas con el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad en la República Dominicana.
Su propósito fue impulsar medidas legales, políticas y administrativas para prevenir, investigar, sancionar y erradicar las distintas formas de discriminación en el país.
Entre las instituciones estatales vinculadas a este proceso se encontraban la Presidencia de la República, la Consultoría Jurídica, CONAVI-SIDA, el Ministerio de Relaciones Exteriores —MIREX—, el Ministerio Público, el Ministerio de Trabajo y el Consejo Nacional de Discapacidad —CONADIS—.
También participaron organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la defensa de los derechos de personas afrodescendientes, personas LGBTI, personas con discapacidad, mujeres y otros grupos históricamente excluidos.
Principales temas abordados
Uno de los asuntos centrales fue el anteproyecto de Ley Antidiscriminación. La Mesa planteó la necesidad de establecer un plan de trabajo con encuentros periódicos entre el Estado y la sociedad civil, socializar el borrador de la propuesta legislativa y permitir que las organizaciones presentaran sus observaciones. También se propuso solicitar asistencia técnica de la CIDH para verificar su adecuación a los estándares interamericanos de derechos humanos.
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Otros temas abordados fueron:
- El seguimiento al Plan Nacional de Derechos Humanos.
- La adopción de medidas contra la discriminación en el ámbito laboral.
- La revisión de contenidos educativos que pudieran reproducir prejuicios.
- La atención integral en salud sin discriminación para las personas LGBTI.
- La prevención de detenciones arbitrarias motivadas por el origen étnico-racial, la orientación sexual o la identidad de género.
- El acceso a la justicia, la investigación y la sanción de actos discriminatorios.
- La producción de estadísticas desagregadas sobre poblaciones en situación de vulnerabilidad.
La documentación de seguimiento evidencia que numerosos compromisos permanecían pendientes o en proceso, incluyendo la remisión del anteproyecto de Ley Antidiscriminación al Congreso, la participación activa de la sociedad civil en el seguimiento del Plan Nacional de Derechos Humanos y la adopción de medidas concretas contra la discriminación en diferentes ámbitos.
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¿Qué se logró?
La Mesa permitió impulsar un proceso de diálogo entre instituciones públicas y organizaciones sociales, identificar responsabilidades institucionales y visibilizar las barreras que enfrentan las poblaciones históricamente discriminadas.
También facilitó la revisión del borrador del anteproyecto de Ley Antidiscriminación, promovió la solicitud de asistencia técnica de la CIDH e identificó compromisos relacionados con el trabajo, la educación, la salud, la justicia, la seguridad ciudadana y la protección de los derechos humanos.
La participación de la sociedad civil fue fundamental para aportar experiencias, documentar vulneraciones, formular recomendaciones y exigir respuestas institucionales frente a las diferentes formas de exclusión y discriminación.
¿Qué falta por hacer?
La interrupción de estos espacios limita el seguimiento de los compromisos asumidos y reduce las posibilidades de construir respuestas coordinadas frente a la discriminación.
Por esta razón, resulta necesario:
- Reactivar la Mesa sobre Discriminación.
- Retomar el diálogo periódico entre el Estado y la sociedad civil.
- Impulsar una Ley Antidiscriminación integral, construida con participación social.
- Dar seguimiento público a los compromisos asumidos por las instituciones.
- Adoptar medidas concretas para prevenir, investigar y sancionar los actos discriminatorios.
- Garantizar la participación de las poblaciones directamente afectadas en la formulación de políticas públicas.
Llamado a la acción
Es responsabilidad del Estado, las instituciones y la sociedad garantizar que todas las personas puedan vivir con dignidad, seguridad, igualdad y libertad.
En el marco del proyecto “Acceso oportuno a servicios básicos para las personas LGBTI en la República Dominicana”, reafirmamos la importancia de fortalecer la prevención, la documentación y la denuncia de las vulneraciones de derechos, promover servicios libres de discriminación y mantener un diálogo permanente entre el Estado dominicano y la sociedad civil.
Reactivar la Mesa sobre Discriminación es una acción necesaria para avanzar hacia una República Dominicana más justa, igualitaria e inclusiva.
Desde TRANSSA exhortamos a las autoridades responsables a retomar este mecanismo de diálogo, establecer una agenda pública de trabajo y garantizar la participación efectiva de las organizaciones sociales y de las poblaciones históricamente excluidas.
La lucha contra la discriminación requiere voluntad política, coordinación institucional, legislación adecuada y participación ciudadana. No puede haber igualdad real mientras existan personas a quienes se les nieguen derechos, servicios u oportunidades por su orientación sexual, identidad o expresión de género, origen étnico-racial, discapacidad, sexo, condición social u otra característica personal.
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