TRANSSA impulsa el acceso oportuno a servicios básicos para las personas LGBTI+
El acceso oportuno, digno y sin discriminación a los servicios básicos constituye un derecho fundamental. Sin embargo, en la República Dominicana muchas personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales y de otras identidades y expresiones de género continúan enfrentando obstáculos que limitan el ejercicio pleno de sus derechos humanos.
Estas barreras se presentan en ámbitos esenciales como la salud, la educación, el empleo, la justicia y la protección social. En numerosos casos, las personas LGBTI+ reciben un trato discriminatorio, son llamadas por nombres o pronombres que no corresponden con su identidad o deciden no acudir a las instituciones por temor al rechazo, la violencia o la divulgación de su información personal.
Un proyecto para contribuir a garantizar derechos
Con el propósito de contribuir a transformar esta realidad, TRANSSA ejecuta el proyecto “Acceso oportuno a servicios básicos de las personas LGBTI+, con énfasis en grupos en mayores condiciones de vulnerabilidad, garantías y exigibilidad en el cumplimiento de los derechos humanos”.
Esta iniciativa busca contribuir a que las personas LGBTI+ puedan acceder de manera oportuna, digna y segura a servicios esenciales, fortaleciendo al mismo tiempo sus conocimientos sobre derechos humanos y los mecanismos disponibles para exigir su cumplimiento.
El proyecto también promueve el diálogo con instituciones públicas, organizaciones comunitarias y otros actores sociales para identificar barreras, impulsar respuestas inclusivas y construir propuestas que mejoren la atención brindada a las personas LGBTI+.
Desigualdades que afectan especialmente a las poblaciones más vulnerabilizadas
Aunque la discriminación puede afectar a toda la comunidad LGBTI+, algunas poblaciones enfrentan condiciones de mayor vulnerabilidad. Entre ellas se encuentran las personas trans, las personas que viven con VIH, quienes ejercen el trabajo sexual, las personas migrantes, quienes viven en condiciones de pobreza, las personas con discapacidad y quienes no cuentan con redes familiares o comunitarias de apoyo.
Cuando varias de estas condiciones se cruzan, las barreras pueden profundizarse. La falta de documentos acordes con la identidad de género, los prejuicios sociales, la exclusión laboral y la ausencia de protocolos inclusivos pueden impedir que una persona reciba atención oportuna y de calidad.
Por esta razón, resulta indispensable que las políticas públicas incorporen enfoques de derechos humanos, género, diversidad e interseccionalidad que permitan responder a las distintas realidades y necesidades de la población.
Los servicios básicos deben prestarse con dignidad
Garantizar el acceso no consiste únicamente en permitir que una persona ingrese a una institución. También implica asegurar que sea atendida de manera respetuosa, confidencial, segura, oportuna y libre de discriminación.
Las instituciones públicas y privadas deben contar con personal sensibilizado y capacitado, procedimientos claros para prevenir la discriminación y mecanismos accesibles para presentar denuncias cuando se produzcan vulneraciones de derechos.
En este sentido, el proyecto que ejecuta TRANSSA procura contribuir al fortalecimiento del acceso en sectores fundamentales como:
- Salud, promoviendo servicios integrales, confidenciales y libres de prejuicios.
- Educación, impulsando espacios seguros y respetuosos de la diversidad.
- Trabajo, fomentando la prevención de la discriminación durante la contratación y en los espacios laborales.
- Justicia, facilitando el acceso a la denuncia, la asistencia legal y la protección efectiva.
- Protección social, promoviendo respuestas que consideren las necesidades de las poblaciones más vulnerabilizadas.
Garantías y exigibilidad de los derechos humanos
Los derechos humanos no deben depender de la voluntad individual de quien presta un servicio. El Estado tiene la responsabilidad de respetarlos, protegerlos y garantizarlos mediante leyes, políticas públicas, presupuestos, protocolos institucionales y mecanismos efectivos de supervisión.
La exigibilidad permite que las personas conozcan sus derechos, identifiquen cuándo han sido vulnerados y puedan reclamar respuestas y medidas de reparación. Para lograrlo, es fundamental fortalecer los mecanismos de denuncia y seguimiento, ofrecer orientación y asistencia legal, documentar los casos y promover la participación de las organizaciones de la sociedad civil.
Asimismo, es necesario generar información que permita identificar las principales barreras, evaluar las respuestas institucionales y formular propuestas basadas en las experiencias y necesidades reales de las comunidades.
Igualdad, dignidad y derechos para todas las personas
A través de este proyecto, TRANSSA reafirma su compromiso con la defensa de los derechos humanos y con la construcción de servicios públicos y privados más accesibles, inclusivos y respetuosos de la diversidad.
Promover el acceso oportuno a los servicios básicos significa reducir desigualdades, prevenir la discriminación y garantizar que todas las personas puedan desarrollar sus vidas con libertad, seguridad y dignidad.
TRANSSA continuará impulsando acciones de orientación, formación, documentación, acompañamiento e incidencia que contribuyan a transformar las instituciones y fortalecer la protección de los derechos humanos de las personas LGBTI+ en la República Dominicana.
La igualdad, la dignidad y los derechos deben estar garantizados para todas las personas, sin discriminación.