El Examen Periódico Universal (EPU) de la ONU es una herramienta fundamental para evaluar y mejorar los derechos humanos en los 193 estados miembros, incluido República Dominicana. En la última revisión, quedó claro que la protección de los derechos de la comunidad LGBTIQ+ en el país es insuficiente. Organizaciones como TRANSSA y otras han alzado su voz para destacar esta problemática y han recibido recomendaciones de varios países para impulsar cambios significativos. Este es un momento crucial para que República Dominicana tome medidas decisivas y asegure un futuro más inclusivo y equitativo para todos sus ciudadanos.
La Importancia del Examen Periódico Universal para los Derechos Humanos en República Dominicana
El Examen Periódico Universal (EPU) es una revisión crítica y necesaria que la ONU realiza cada cinco años. En este contexto, República Dominicana se encuentra bajo la lupa internacional, una oportunidad clave para destacar y abordar las problemáticas y avances en materia de derechos humanos en el país, especialmente en relación con la comunidad LGBTIQ+.
La Necesidad de Protección para la Comunidad LGBTIQ+
En la última revisión del EPU, diversas organizaciones dominicanas, como TRANSSA (Trans Siempre Amigas), la Red Sin Violencia, el Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN), el Observatorio de Derechos Humanos de Personas Trans (ODHPT) y el Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerabilizados (ODHGV), presentaron informes detallados sobre la situación de las personas LGBTIQ+ y otras poblaciones vulnerabilizadas en el país. Estas organizaciones subrayan que, aunque la Constitución Dominicana garantiza la protección y el respeto a la dignidad de todos sus habitantes, en la práctica, las personas LGBTIQ+ enfrentan una protección insuficiente frente a la violencia y discriminación.
Desafíos Actuales y Necesidades Urgentes
Las denuncias recurrentes indican que las personas LGBTIQ+ en República Dominicana sufren vulnerabilidad en múltiples aspectos de su vida cotidiana, incluyendo el ámbito laboral, educativo, de salud y en espacios públicos y jurídicos. La protección contra la discriminación y la violencia es mínima, lo cual exige una respuesta urgente y efectiva por parte del Estado dominicano.
Uno de los puntos más críticos es la necesidad de promover y aprobar una Ley de Identidad de Género integral. Esta ley permitiría a las personas trans cambiar su nombre y género en documentos oficiales sin enfrentarse a requisitos agotadores y patologizantes. La falta de una ley así no solo afecta la identidad y dignidad de las personas trans, sino que también las expone a situaciones de discriminación y exclusión social.
Recomendaciones Internacionales
En la reciente sesión del EPU, diez países de diversas regiones del mundo emitieron recomendaciones específicas para mejorar la protección de los derechos humanos en República Dominicana, enfocándose particularmente en la comunidad LGBTIQ+:
- Eslovenia: Recomienda intensificar las acciones para eliminar toda forma de discriminación, incluyendo a personas LGBTIQ+ y población migrante.
- Sudáfrica: Sugiere aumentar los esfuerzos de concienciación y divulgación de los derechos humanos, con énfasis en la prevención, discriminación y protección de grupos vulnerables.
- Canadá, Países Bajos y Reino Unido: Proponen adoptar políticas y programas que protejan los derechos de las personas LGBTIQ+, previniendo la discriminación basada en la orientación o identidad de género.
- Chile: Enfatiza la necesidad de aprobar la ley de igualdad y no discriminación, protegiendo especialmente a mujeres, personas LGBTIQ+, infancias y adolescencias.
- España: Hace dos recomendaciones puntuales: contrarrestar el discurso de odio basado en raza, género u orientación sexual, y aprobar la ley general de igualdad y no discriminación.
- Australia: Insiste en la inclusión de disposiciones antidiscriminatorias en la legislación y la prohibición de los ECOSIEG (esfuerzos por cambiar la orientación sexual o identidad de género), además de reforzar las medidas de protección.
- Brasil: Propone asegurar los derechos de las personas trans e intersexuales, permitiendo la modificación de su nombre y componente sexo en registros civiles, además de penalizar la discriminación basada en la orientación sexual e identidad de género.
- Islandia: Propone penalizar todos los actos discriminatorios contra parejas del mismo sexo, crear una ley de identidad de género que reconozca el matrimonio y la unión de facto de personas del mismo sexo, y desarrollar protocolos que garanticen el acceso a atención médica para personas LGBTIQ+.
Preguntas Clave para el Estado Dominicano
En el marco del EPU, surgen varias interrogantes importantes respecto a las acciones y compromisos del Estado dominicano en la protección de los derechos de la comunidad LGBTIQ+:
- ¿Qué acciones está emprendiendo el Estado para prevenir y sancionar la violencia en contra de las personas LGBTIQ+?
- ¿Qué pasos está dando el Estado de República Dominicana para la implementación de la Instrucción General no. 0000002 sobre Manejo de Casos que Involucren Poblaciones Vulnerables de la Procuraduría General de la República?
- ¿Qué acciones está emprendiendo el Estado para producir información estadística de casos de discriminación y violencia contra personas LGBTI, motivados por el prejuicio hacia su orientación sexual, expresión e identidad de género?
- ¿Qué acciones está emprendiendo el Estado para la capacitación y sensibilización de funcionarios de la Policía, el Ministerio Público y la Judicatura para la adecuada atención sin revictimización ni discriminación hacia personas LGBTIQ+ víctimas de violencia?
Estas preguntas son fundamentales para entender los compromisos y esfuerzos reales del Estado dominicano en la protección de los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Las respuestas a estas interrogantes permitirán evaluar la efectividad de las medidas adoptadas y la voluntad política para impulsar un cambio significativo.
El Camino Hacia Adelante
El EPU representa una herramienta esencial para la mejora de los derechos humanos en República Dominicana. Las recomendaciones internacionales deben ser vistas como una hoja de ruta para avanzar hacia una sociedad más justa e inclusiva. Implementar estas recomendaciones no solo reforzará la protección de los derechos de las personas LGBTIQ+, sino que también fortalecerá el compromiso del país con los derechos humanos en general.
Desde TRANSSA y otras organizaciones de derechos humanos, se continuará trabajando incansablemente para asegurar que estas recomendaciones se traduzcan en acciones concretas. Solo a través de un compromiso firme y sostenido podremos avanzar hacia una República Dominicana donde la dignidad y los derechos de todas las personas sean verdaderamente respetados y protegidos.