La reciente aprobación del nuevo Código Penal por parte del Congreso Nacional en la República Dominicana ha encendido las alarmas de la comunidad LGBTIQ+ y de las organizaciones de derechos humanos. Si bien se esperaba una actualización legislativa, el texto final ha dejado fuera protecciones fundamentales, lo que representa un duro golpe para la igualdad y la justicia en el país.

El pasado jueves, el Congreso aprobó un Código Penal que, en lugar de avanzar, parece ignorar décadas de lucha por los derechos humanos. Dos de las exclusiones más notorias y perjudiciales son las siguientes:

1. La Omisión de las Tres Causales y la Criminalización del Aborto: La falta de inclusión de las tres causales (violación, incesto o peligro para la vida de la madre) mantiene el aborto penalizado en todas sus formas. Esta decisión no solo viola los derechos de las mujeres y personas gestantes, sino que también afecta directamente a la comunidad trans, ya que las personas transmasculinas y no binarias con capacidad de gestar quedan expuestas a un sistema que ignora sus derechos reproductivos y su salud.

2. Los Crímenes de Odio Permanecen Impunes: El nuevo Código Penal no tipifica de manera específica los crímenes de odio basados en la orientación sexual o la identidad de género. Esta omisión es especialmente preocupante para la comunidad trans, que es una de las poblaciones más vulnerables a la violencia en la región. Sin una ley que reconozca y sancione estos crímenes, los agresores pueden actuar con una sensación de impunidad, y el Estado no cuenta con las herramientas legales necesarias para proteger adecuadamente a sus ciudadanas y ciudadanos trans.

Excepciones que Refuerzan la Injusticia

Además de estas exclusiones, el nuevo Código Penal introduce disposiciones que limitan la responsabilidad de ciertos actores clave en la sociedad:

• Exclusión de Responsabilidad para el Estado: El Código exime de responsabilidad penal al Estado y a sus organismos públicos, lo que dificulta la rendición de cuentas por cualquier acto de discriminación o violencia institucional.

• Impune la Intolerancia de Partidos e Iglesias: Las iglesias, partidos y agrupaciones políticas no están plenamente regidas por las disposiciones penales para personas jurídicas. Esto podría limitar la aplicación de penas a entidades que, por su influencia, pueden perpetuar discursos de odio y transfobia sin enfrentar consecuencias legales significativas.

TRANSSA Protesta: Un Código Penal que Traiciona la Justicia

Desde TRANSSA, denunciamos con vehemencia que este nuevo Código Penal es una traición a los principios de justicia, igualdad y dignidad. Nos oponemos a una ley que penaliza el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y que, en pleno siglo XXI, se niega a reconocer la violencia motivada por el odio como un crimen.

La lucha no termina aquí. Hacemos un llamado a todas las organizaciones de derechos humanos y a la sociedad civil a alzar la voz contra un código que perpetúa la impunidad y la injusticia. Exigimos un marco legal que proteja a todas las personas, sin importar su identidad de género, orientación sexual o quiénes sean.

Fuente: Noticias SIN