El Marco jurídico y documentación sobre homicidios contra personas LGBTIQ+ en 9 países de América Latina y el Caribe es un paneo local respecto al desarrollo interamericano sobre la violencia por prejuicio y las obligaciones internacionales de los Estados frente a la violencia letal por prejuicio. Es así que profundiza en la agenda pendiente que tienen los Estados de América Latina y el Caribe, partiendo de recomendaciones de órganos de tratados de la ONU sobre violencia contra personas LGBTI+. Además, presenta la situación actual del monitoreo y documentación de homicidios contra personas LGBTI+ en la región, con lo cual se establecen los estándares, medidas estatales para la producción de datos, las buenas prácticas de sociedad civil en la investigación de homicidios y la importancia que tienen los Observatorios nacionales en el litigio estratégico e incidencia.

INTRODUCCIÓN

El entendimiento de la violencia por prejuicio propone una noción más amplia que la de crimen de odio. Como señala María Mercedes Gómez, el odio se refiere a un sentimiento individual del perpetrador, en cambio el prejuicio se sirve de lo social y colectivo, apelando a la complicidad social del contexto. Esta violencia se alimenta de un sistema político de sexo, género y deseo que justifica la discriminación y la violencia contra un grupo poblacional específico.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indicó que el concepto de violencia por prejuicio permite comprender la violencia como un fenómeno social, más que como un hecho aislado, que resulta de reacciones y percepciones negativas basadas en generalizaciones falsas que requieren de una complicidad social. Las manifestaciones de esta violencia están basadas en el deseo del perpetrador de “castigar” o “eliminar” dichas identidades, comportamientos o cuerpos.

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