En América Latina, el panorama actual para las personas LGBTIQ+ se presenta como un desafío constante. A pesar de algunos importantes avances en materia legislativa en ciertas naciones, la región sigue enfrentando una realidad alarmante de violencia, discriminación, pobreza estructural y la proliferación de discursos de odio. Esta compleja situación compromete seriamente el pleno ejercicio de sus derechos humanos.
Desde TRANSSA, como miembros de la Red Sin Violencia LGBTI, levantamos la voz para señalar la urgencia de abordar estos problemas. Organizaciones que trabajan por los derechos LGBTIQ+ en la región, como Caribe Afirmativo, han expresado que el balance general es preocupante. Destacan una violencia persistente que los Estados no logran prevenir ni atender de manera efectiva, lo que no solo pone en riesgo la vida de las personas LGBTIQ+, sino que también debilita la capacidad de acción de los movimientos de la diversidad.
América Latina lamentablemente se mantiene como la región que concentra, de forma desproporcionada, la mayor violencia homicida contra personas LGBTIQ+. Según el informe anual de la Red Sin Violencia LGBTI, en 2023 se registraron 364 víctimas de homicidio de personas LGBTIQ+ en Latinoamérica y el Caribe. Las cifras para 2024 siguen siendo alarmantes, con países como Brasil, México, Colombia, Honduras y Perú sumando un alto número de asesinatos. Brasil, por ejemplo, ha reportado cerca de 500 víctimas, mientras que Honduras supera el centenar. Estas cifras desoladoras exigen una respuesta contundente de las autoridades y la sociedad.
Violencia Extrema y Exclusión Sistémica
La violencia contra la población LGBTIQ+ en la región se manifiesta de diversas y crueles formas. Un análisis de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex para América Latina y el Caribe (ILGALAC) ha documentado cómo, por ejemplo, en México, un alto número de personas LGBTIQ+ han sido asesinadas, afectando desproporcionadamente a mujeres lesbianas y personas trans.
Esta violencia es a menudo exacerbada por la acción de grupos delictivos organizados y el narcotráfico. En naciones como El Salvador y Honduras, la influencia de pandillas se traduce en extorsiones, ataques y asesinatos, utilizando la orientación sexual o identidad de género de las víctimas como una cruel justificación. Es fundamental recordar que la jurisprudencia internacional establece claramente que la orientación sexual y la identidad de género son categorías protegidas por los derechos humanos, prohibiendo toda forma de discriminación basada en ellas.
Más allá de la violencia física, la exclusión sistemática de derechos básicos es una realidad constante. Esto se traduce en graves dificultades para el acceso a educación, empleo, salud y justicia. Vivir en la región se vuelve muy difícil debido a la violencia, y cuando es posible, la precariedad de la vida es alta por los elevados niveles de pobreza.
Para la población trans, la situación es especialmente crítica. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha alertado que la esperanza de vida para las personas trans en la región es alarmantemente baja, contrastando drásticamente con la esperanza de vida general. Esta disparidad es un indicador contundente de la discriminación estructural, la falta de acceso a servicios esenciales y la violencia constante que enfrentan.
El Peligro de los Discursos de Odio y los Retrocesos
Un factor crucial que impulsa este panorama de retroceso es el auge de grupos conservadores, gobiernos con agendas antiderechos y movimientos religiosos que buscan desmantelar los avances legislativos y sociales. Estas fuerzas intentan imponer políticas públicas que nos regresan a épocas donde los derechos LGBTIQ+ eran inexistentes.
En varios países de la región, se observa una creciente tendencia a culpar a la población LGBTIQ+ por la “degradación” de modelos de familia tradicionales, presentándonos como un “chivo expiatorio” para problemas socioeconómicos más complejos. Esta retórica, que manipula prejuicios y se difunde ampliamente, normaliza la discriminación e incita a la violencia, debilitando el debate público y la cohesión social.
Avances Legislativos: Una Luz de Esperanza
A pesar de la oscura realidad, la región también ha sido escenario de importantes avances legales. Países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y Uruguay se destacan por haber logrado progresos significativos en leyes de matrimonio igualitario e identidad de género. Argentina, por ejemplo, fue pionera en permitir la autodeterminación de la identidad de género sin requisitos previos. Organismos internacionales han emitido sentencias y opiniones consultivas clave, reforzando la protección de los derechos LGBTIQ+.
Asimismo, naciones como Bolivia, Cuba, Ecuador y México han adoptado legislaciones que condenan la discriminación y los delitos de odio. Sin embargo, el contraste es marcado con países como El Salvador, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú y Venezuela, donde los avances en la protección de estos derechos han sido limitados, dejando a sus poblaciones LGBTIQ+ en una situación de mayor vulnerabilidad.
Ante un panorama con más desafíos que victorias, es imperativo que las organizaciones y activistas redoblemos esfuerzos. Desde TRANSSA, como parte de la Red Sin Violencia LGBTI, reafirmamos nuestro compromiso de seguir visibilizando estas realidades y luchando incansablemente por la dignidad, la igualdad y los derechos de toda la población LGBTIQ+ en la región. Nuestra lucha por la justicia debe y va a continuar.
