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Alerta desde TRANSSA: La Aprobación del Código Penal en el Senado, un Retroceso para la Dignidad LGBTIQ+

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El Senado de la República aprobó este jueves en primera lectura el proyecto del nuevo Código Penal. Esta pieza legislativa, aunque largamente esperada, ha generado profunda preocupación y un rotundo rechazo en TRANSSA: Trans Siempre Amigas. A pesar del voto favorable de los 23 senadores presentes, esta aprobación no representa un avance para la justicia dominicana, sino un preocupante retroceso que consolida la impunidad y la violencia legalizada. La exclusión de las tres causales para la despenalización del aborto y, crucialmente, la flagrante omisión de derechos y garantías esenciales para la comunidad LGBTIQ+ son solo la punta del iceberg de sus graves deficiencias.

La decisión de mantener la interrupción del embarazo asistida como una acción penalizable, con condenas de dos a tres años de prisión, ha sido calificada como el “Código Penal de la vergüenza” por colectivos como el Movimiento de Mujeres Trabajadoras (MMT). Desde TRANSSA, nos solidarizamos plenamente con esta postura. Esta exclusión no solo vulnera la autonomía de las mujeres, sino que sienta un peligroso precedente para la negación de derechos fundamentales en el país.

Un Marco Legal “Moderno” que Ignora Realidades Fundamentales y Blindajes Peligrosos

El informe presentado por el senador Santiago Zorrilla, presidente de la comisión bicameral, destacó que la pieza busca incorporar “principios penales modernos” y armonizar con el Código Procesal Penal vigente, impulsando un “Estado social y democrático de derecho” y fortaleciendo la lucha contra la impunidad. Se celebran adiciones como el cúmulo de penas de hasta 60 años de prisión (Art. 52) y la inclusión de 72 nuevos tipos penales que buscan actualizar el marco jurídico de 1884.

Entre estos nuevos delitos se encuentran:

  • Violencia y Género: Feminicidio, violencia intrafamiliar, acoso, delitos sexuales no consentidos, quebrantamiento de órdenes de protección.

  • Crímenes Graves: Sicariato, genocidio, terrorismo, desaparición forzada de personas, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes.

  • Delitos Tecnológicos y Económicos: Robo de identidad, ciberdelitos, comercio de objetos robados, negocios con estructura piramidal o multinivel.

  • Abusos y Maltrato: Hostigamiento o bullying (agravado), abandono de envejecientes, daños con sustancias químicas.

  • Corrupción y Contra la Administración Pública: Corrupción, sobrevaluación ilegal de obras, divulgación de información secreta.

  • Otros: Robo de ganado, inducción al suicidio, manipulación genética, obstaculización de medidas de socorro, disparos innecesarios, extorsión y chantaje, y delitos cometidos por personas jurídicas.

Además, se introducen modalidades alternativas de cumplimiento de pena, como la privación de libertad solo durante los fines de semana o días feriados.

Sin embargo, para TRANSSA, la aparente “modernidad” de este Código se desdibuja ante sus graves vacíos críticos y blindajes inaceptables, especialmente en lo que respecta a la protección de la comunidad LGBTIQ+ y la justicia en general:

  • Corrupción Protegida: La persecución de la corrupción se limita a solo 20 años. Esto significa que los responsables solo tienen que esperar ese tiempo para quedar libres, legitimando la impunidad.

  • Poder Blindado: El Código exime de responsabilidad penal al Estado, la Iglesia y los Ayuntamientos. Si una de estas instituciones encubre un crimen o no cumple con su rol de supervisión, no puede ser juzgada penalmente. ¡Esto es inaceptable!

  • Feminicidios Invisibilizados: Reduce la definición de feminicidio a casos extremos, requiriendo mutilación o exhibición pública del cuerpo para que cuente como tal. Aunque haya celos, control, machismo o violencia previa, no se considera feminicidio. Esto minimiza la violencia machista.

  • Violencia con Descuento: Establece penas mínimas a agresores incluso si portan armas, amenazan de muerte o violan órdenes de alejamiento. ¡La violencia no puede tener descuento!

  • Violación con Privilegios: Si el agresor es tu pareja, se le reduce la pena. ¡Ni tu cuerpo ni tu decisión pierden valor solo porque estás dentro de una relación!

  • Silencio Forzado: Permite que las violaciones sexuales prescriban. Esto significa que, si pasa cierto tiempo, ya no se podrá investigar ni castigar al violador, como si la gravedad del crimen se borrara con los años o como si denunciar fuera fácil y siempre se pudiera hacer en automático.

  • Censura Legalizada: El artículo 328 convierte la protesta en delito, permitiendo que una persona pueda ir presa por un gesto, un meme o una crítica a un funcionario público.

  • Todo es Espionaje: Según el artículo 396, se considera espionaje enviar cualquier tipo de información a una nación, empresa, organización extranjera o sus agentes. No especifica que deba ser información militar o de seguridad nacional, y puede significar de 20 a 30 años de prisión.

La Indignante Ausencia de Garantías para la Comunidad LGBTIQ+

Mientras se añaden numerosos tipos penales y se establecen peligrosos blindajes, el proyecto de Código Penal aprobado en primera lectura guarda un silencio cómplice y peligroso sobre la protección explícita contra la discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género. ¿Dónde están las condenas por los crímenes de odio basados en nuestra identidad y orientación? ¿Dónde están las garantías para nuestras hermanas trans que son asesinadas, desaparecidas o agredidas sexualmente y cuyos crímenes quedan impunes?

Desde TRANSSA, denunciamos que este Código Penal perpetúa un marco legal que ignora las realidades de la comunidad LGBTIQ+ y, de facto, legitima la violencia sistemática que enfrentamos. No puede haber democracia mientras la ley niegue la existencia de las personas trans y LGBTIQ+. No puede haber justicia mientras se siga naturalizando el odio, el estigma y la discriminación. Un Código Penal que no tipifica los crímenes de odio por identidad de género y orientación sexual, y que carece de un marco claro contra la discriminación, es un código que nos falla.

Demandas Irrenunciables para un Código Penal Verdaderamente Inclusivo: ¡Esto No Es Justicia, Es Crueldad Legalizada!

A pesar del consenso de los senadores presentes en la sesión de más de siete horas, el debate interno no estuvo exento de matices. Senadores como Omar Fernández y Moisés Ayala anunciaron enmiendas para la segunda lectura. Ayala, aunque reconoció estar a favor de las tres causales, priorizó el “interés colectivo”, una decisión que para TRANSSA, no refleja la verdadera colectividad cuando excluye a poblaciones vulnerables.

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, ha instado a los legisladores a revisar a fondo el proyecto. Sin embargo, para TRANSSA y las organizaciones aliadas, la aprobación de la pieza en la Cámara de Diputados sin modificaciones sustanciales sería un duro golpe. La lucha por un Código Penal que sea verdaderamente justo, inclusivo y protector de los derechos humanos es un reflejo de la madurez democrática de un país.

Además de todo lo expuesto, la exclusión de las tres causales es una crueldad legalizada:

  • Ni cuando la vida o la salud de la mujer está en riesgo.

  • Ni cuando el embarazo es inviable.

  • Ni cuando es resultado de violación o incesto.

Desde TRANSSA, nos negamos a aceptar un Código Penal construido desde la exclusión y el prejuicio. Un Código Penal que no protege a las más vulnerables no es un código justo. Un Código Penal que ignora la violencia contra la comunidad trans y LGBTIQ+, que blinda a corruptos y poderosos, y que reduce la justicia para las víctimas, es un código cómplice.

Por eso, alzamos nuestras voces para decir: ¡Código Penal sí, pero que incluya a TODAS y TODES! ¡Basta de invisibilizar a las personas trans y LGBTIQ+ en las leyes! ¡No más crímenes de odio impunes! ¡No más discriminación legalizada! ¡No más impunidad disfrazada de ley! ¡Ni un paso atrás en nuestros derechos!

Exigimos la inclusión de un marco claro contra la discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género, que se tipifiquen los crímenes de odio, y que se rectifiquen todas las deficiencias expuestas, para garantizar que la ley no sea una herramienta de exclusión, sino de justicia para todas las personas.

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