La República Dominicana cuenta con un nuevo Código Penal. Con la entrada en vigor de la Ley núm. 74-25, a partir del 3 de agosto de 2026, el país sustituye la legislación que estuvo vigente desde 1884 e incorpora una reforma que actualiza el tratamiento de diversos delitos, fortalece las sanciones e introduce nuevas figuras jurídicas acordes con los desafíos actuales.

Conocer estos cambios es fundamental para promover el acceso a la información, fortalecer la cultura jurídica y contribuir al ejercicio de una ciudadanía informada.

Principales novedades

Endurecimiento de las penas

El nuevo Código Penal incrementa la pena máxima para una infracción muy grave hasta 40 años de prisión. Además, permite la acumulación de condenas cuando una persona sea responsable de múltiples delitos graves, pudiendo alcanzar un límite de 60 años de prisión.

También reorganiza las infracciones en tres categorías:

• Muy graves.
• Graves.
• Leves.

Responsabilidad penal de las empresas

Por primera vez, las personas jurídicas podrán responder penalmente por determinados delitos cometidos en su nombre o beneficio.

Esta reforma impulsa a las empresas a fortalecer sus mecanismos internos de prevención y cumplimiento normativo, promoviendo una mayor responsabilidad institucional.

Delitos tecnológicos y financieros

La legislación incorpora nuevas figuras penales para responder a los desafíos del entorno digital y financiero, entre ellas:

• Ciberacoso y difusión de contenido íntimo sin consentimiento.
• Manipulación de imágenes o audios mediante inteligencia artificial con fines de extorsión (deepfakes).
• Esquemas piramidales y fraudes relacionados con activos digitales y criptomonedas.

Estas incorporaciones buscan ofrecer una respuesta legal frente a modalidades delictivas que no estaban claramente contempladas en la normativa anterior.

Nuevas tipificaciones sobre violencia y corrupción

El Código Penal incorpora nuevas figuras y fortalece la respuesta frente a diversas conductas, incluyendo:

• Feminicidio.
• Sicariato.
• Violencia sexual dentro de la pareja.
• Delitos de corrupción administrativa.
• Mayor protección para niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos sexuales mediante la ampliación de los plazos para presentar denuncias.

Libertad de expresión y práctica médica

La reforma también introduce cambios relacionados con:

• La regulación de la difamación e injuria, privilegiando principalmente sanciones económicas sobre penas privativas de libertad.
• La responsabilidad médica, estableciendo criterios para determinar cuándo existe una falta médica grave conforme a la práctica profesional.

Mecanismos de control

Entre las novedades también destacan:

• La creación de mecanismos de seguimiento para determinados condenados, incluyendo registros aplicables conforme a la ley.
• La aplicación del principio de favorabilidad, que permite solicitar la revisión de procesos cuando una nueva disposición resulte más beneficiosa para la persona condenada.

La importancia de conocer la ley

El conocimiento de la legislación fortalece la participación ciudadana, facilita el acceso a la justicia y promueve el respeto de los derechos humanos. Comprender las reformas legales permite que las personas conozcan mejor sus derechos, obligaciones y los mecanismos disponibles para exigir su protección.

Compromiso con la veeduría en derechos humanos

Este material forma parte de las acciones de veeduría en materia de derechos humanos del proyecto “Acceso oportuno a servicios básicos para personas LGBTI en la República Dominicana”, implementado por TRANSSA – Trans Siempre Amigas Inc., con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

A través de esta iniciativa se promueve el acceso a información confiable, el fortalecimiento del Estado de derecho y la defensa de los derechos humanos de las personas LGBTI, contribuyendo a una sociedad más informada, inclusiva y respetuosa de la dignidad humana.

Nota: Este artículo tiene fines informativos y de educación jurídica. No sustituye la asesoría legal profesional ni constituye una interpretación oficial de la Ley núm. 74-25. Para casos concretos, se recomienda consultar a un profesional del Derecho.