El pasado jueves 10 de julio en horas de la mañana, colectivos de la sociedad civil, activistas y defensores de los derechos humanos se manifestaron frente al Congreso Nacional dominicano. El propósito: alzar la voz para demandar un Código Penal que garantice la dignidad y los derechos de todas las personas, sin exclusiones. La protesta coincidió con la presentación del informe de la pieza legislativa en el Senado, un momento clave que los movimientos aprovecharon para expresar su enérgico y rotundo rechazo a la propuesta actual. Consideran que este borrador representa un retroceso significativo para las libertades fundamentales de las mujeres y otras poblaciones vulnerables del país.

Las organizaciones presentes, agrupadas en la Iniciativa Ciudadana por Un Mejor Código, denunciaron con firmeza que la versión en discusión no solo mantendría retrocesos ya criticados incluso por el presidente Luis Abinader en ocasiones anteriores, sino que, además, introduce nuevos elementos que agravan la situación de justicia, derechos humanos y libertad de expresión en la nación. Calificaron el proyecto como “un Código de la impunidad, de la censura y contra la familia dominicana”. Insistieron, de manera contundente, en la imperiosa necesidad de incluir las tres causales para la despenalización del aborto, una demanda que sigue siendo el principal motor de la protesta permanente frente al Congreso Nacional. Las manifestantes rechazan tajantemente el contenido propuesto, señalando que permite prácticas como el castigo físico a menores y la violación dentro del matrimonio, calificándolas como medidas propias de “la caverna”.

Esta acción forma parte de una amplia coalición que busca movilizar a la ciudadanía, incidiendo en la reforma del Código Penal desde una perspectiva de justicia, equidad y respeto irrestricto a los derechos humanos para todes.

Puntos de Conflicto y la Negativa Legislativa

Temas cruciales como el acoso sexual y el aborto han sido los focos de mayor controversia dentro del proyecto de Código Penal. A pesar de la contundencia de las demandas feministas y de derechos humanos que resonaron en las calles, algunos legisladores, como el senador Alexis Victoria, han mantenido una postura inflexible. Argumentan que no cederán en estos puntos, priorizando una aprobación que, a su juicio, el pueblo dominicano necesita con urgencia.

La comunidad LGBTIQ+ y otras organizaciones civiles nos hemos sumado activamente a esta protesta. Las preocupaciones no se limitan exclusivamente a las causales del aborto; se extienden a la ausencia de protecciones explícitas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género, así como la falta de tipificación de los crímenes de odio con agravantes específicos. Esta carencia deja a las poblaciones vulnerables aún más desprotegidas, un punto de constante denuncia por parte de TRANSSA, que, como organización que trabaja incansablemente por los derechos de la comunidad LGBTIQ+, hemos documentado la persistente violencia y discriminación que enfrentamos. La aprobación de un Código Penal sin estas salvaguardas perpetuaría un marco legal que ignora las realidades de una parte importante de la población, alejando al país de los estándares internacionales de derechos humanos.

Demandas Clave para un Código Penal Inclusivo

La coalición manifestante frente al Congreso ha articulado un conjunto de demandas esenciales para un Código Penal que responda a los principios de justicia social y derechos humanos universales:

• No criminalización de la protesta social: Un pilar fundamental para garantizar el derecho a la manifestación pacífica y la libertad de expresión.

• Imprescriptibilidad de los delitos de corrupción contra el Estado: Para asegurar que los actos de corrupción no queden impunes con el paso del tiempo, fomentando la transparencia y la rendición de cuentas.

• Inclusión de la responsabilidad jurídica de las alcaldías y partidos políticos: Promover mayor transparencia y rendición de cuentas en el ámbito público y político.

• Declaración de no prescripción para delitos de abuso sexual infantil: Protegiendo a las víctimas y persiguiendo a los agresores sin límites temporales.

• Eliminación de la inmunidad penal para representantes de iglesias: Establecer la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, sin privilegios.

• Incorporación de las tres causales del aborto: Considerar la interrupción del embarazo cuando la vida de la mujer está en peligro, cuando el embarazo es producto de violación o incesto, y cuando el feto es inviable, como una cuestión de salud pública, dignidad y derechos humanos para las mujeres dominicanas.

Hoy alzamos nuestras voces en la manifestación por @‌UnMejorCódigo que de verdad nos proteja. Un código que reconozca nuestros derechos, nuestras vidas y nuestras realidades. Desde TRANSSA y el Observatorio de Derechos Humanos de Personas Trans, agradecemos al colectivo @‌UnMejorCódigo por organizar esta acción tan importante, y a todas las personas que participaron, que dijeron presente, que estuvieron con su cuerpo, su voz o su apoyo desde donde pudieron. También agradecemos por las fotos que capturan la fuerza, la dignidad y la esperanza de nuestra comunidad; cada imagen es un acto de memoria.

La lucha por un Código Penal que sea verdaderamente justo, inclusivo y protector de los derechos humanos es un reflejo de la madurez democrática de un país. Las organizaciones civiles y LGBTIQ+ en República Dominicana continuamos firmes en nuestro propósito de lograr una legislación que abrace y proteja a todas las personas sin excepción.

Fuente: El Demócrata