El debate sobre el nuevo Código Penal dominicano es una oportunidad crucial para definir el tipo de justicia que queremos como nación. Sin embargo, la versión actual propuesta presenta serias deficiencias que amenazan con perpetuar la impunidad y desproteger a la ciudadanía. Para construir un marco legal que realmente sirva a los intereses de todes, y que esté a la altura de los derechos humanos del siglo XXI, proponemos cinco pasos esenciales e irrenunciables:

1. Eliminar Privilegios e Impunidad: Que Nadie Esté por Encima de la Ley

Un Código Penal justo es aquel que aplica la ley por igual a todas las personas y entidades, sin importar su poder o posición. Es inaceptable que el proyecto actual limite la persecución de la corrupción a solo 20 años, otorgando una especie de “fecha de caducidad” a los crímenes de cuello blanco. Más aún, la exención de responsabilidad penal para el Estado, la Iglesia y los Ayuntamientos es una barrera directa a la justicia, blindando a instituciones poderosas de rendir cuentas por sus acciones u omisiones. Un código justo debe garantizar que ni políticos, ni jerarcas religiosos, ni instituciones, estén por encima de la ley.

2. Garantizar Derechos para Todas las Víctimas: Reconocer Todas las Formas de Violencia

La justicia debe proteger a quienes sufren, sin importar la naturaleza de la agresión o el vínculo con el perpetrador. El Código debe reconocer todas las formas de violencia, no solo las que dejan marcas físicas. Esto implica:

• Reconocer el feminicidio en toda su extensión, más allá de los casos extremos de mutilación o exhibición, abarcando los crímenes motivados por control o violencia machista.

• Eliminar cualquier “descuento” en penas para agresores, especialmente cuando existen agravantes como armas, amenazas o incumplimiento de órdenes de alejamiento.

• Poner fin a los “privilegios” en casos de violación, eliminando la reducción de penas si el agresor es la pareja de la víctima, pues el consentimiento es siempre innegociable.

• Abordar la prescripción de delitos sexuales considerando el trauma y las dificultades de las víctimas para denunciar a tiempo.

Un Código Penal justo debe garantizar una protección integral y sin discriminación para todas las víctimas, validando su experiencia y asegurando que la relación con el agresor nunca minimice el crimen.

3. Incluir las Tres Causales: Por una Justicia con Compasión y Dignidad

La negativa a incluir las tres causales para la despenalización del aborto es una afrenta a los derechos humanos y una muestra de crueldad legalizada. Un Código Penal moderno y humanitario debe contemplar la interrupción del embarazo en circunstancias extremas: cuando la vida o la salud de la mujer esté en riesgo, cuando el embarazo sea inviable, o cuando sea resultado de violación o incesto. Ninguna mujer debe morir, ser forzada a continuar un embarazo inviable o ser revictimizada por la ley en condiciones tan inhumanas. Esto no es un debate moral, sino de salud pública, justicia y autonomía.

4. Eliminar Penas Mínimas para Agresores Sexuales: La Violencia Nunca es “Leve”

El proyecto de Código Penal, en su artículo 134, propone penas irrisorias de 1 a 2 años de prisión menor y una multa mínima para la agresión sexual, permitiendo incluso la liberación del agresor. Esto es inaceptable. Una agresión sexual nunca es un “error leve”, una “falta menor” o un “malentendido”. Minimizar estos crímenes es validar la violencia y permitir que se repitan, sin importar si la víctima es una niña, una persona con discapacidad o alguien en situación de vulnerabilidad. La justicia debe reflejar la gravedad del daño causado, asegurando que la violencia sexual sea castigada con la severidad que merece.

5. Proteger la Libertad de Expresión y la Protesta: Nadie Debe ir Preso por Alzar la Voz

La democracia se fortalece con la participación ciudadana y la posibilidad de criticar a sus gobernantes. Sin embargo, artículos como el 328, que criminaliza el “ultraje” a funcionarios públicos (incluso por un gesto, un meme o un mensaje privado), y el 396, que penaliza de forma ambigua el envío de “cualquier información” al extranjero como espionaje, son un intento de silenciar la disidencia. Un Código Penal justo debe proteger la libertad de expresión y el derecho a la protesta social, asegurando que nadie vaya preso por alzar la voz, manifestar su indignación o ejercer su derecho a la crítica legítima. Un Código que coarta las libertades fundamentales defiende el poder, no el orden.

Estos cinco pasos son fundamentales para transformar el actual proyecto en un Código Penal que realmente sirva a la justicia, la dignidad humana y los principios democráticos en la República Dominicana. Exigir su inclusión es defender el futuro de un país más justo para todes.