El gobernador de Puerto Rico ha promulgado una controvertida ley que prohíbe las terapias hormonales y las cirugías de afirmación de género para jóvenes transgénero en el territorio. Esta medida, aprobada la noche del miércoles, ha desatado una ola de fuertes críticas por parte de activistas por los derechos humanos y la comunidad LGBTIQ+ en la isla, mayoritariamente conservadora.
La nueva legislación establece una prohibición explícita sobre cualquier tratamiento hormonal o procedimiento quirúrgico de afirmación de género para personas menores de 21 años. Las consecuencias para los profesionales de la salud que infrinjan esta ley son severas: enfrentarán condenas de hasta 15 años de prisión, multas de $50.000 y la revocación de todas sus licencias y permisos médicos.
Según el texto de la ley, la justificación de esta prohibición radica en que “Los menores de edad, al no haber alcanzado aún la madurez emocional, cognitiva y física necesaria, son particularmente vulnerables a tomar decisiones que pueden tener consecuencias irreversibles”. Y añade: “Por ello, es deber del Estado velar por su bienestar integral”.
Sin embargo, para los activistas y numerosas organizaciones de derechos humanos, esta ley representa un grave retroceso. Argumentan que negar el acceso a cuidados médicamente necesarios y basados en el consenso de las principales asociaciones médicas internacionales (que reconocen la importancia de la atención de afirmación de género para la salud integral de las personas trans) contradice precisamente la noción de “bienestar integral” que la ley dice proteger. Para los jóvenes transgénero y sus familias, la posibilidad de acceder a tratamientos adecuados es crucial para su salud mental y física, reduciendo la disforia de género y mejorando su calidad de vida.
La aprobación de esta ley en un territorio estadounidense con un fuerte componente conservador se inscribe en un contexto de debates y legislaciones similares en varios estados de EE. UU. Sus oponentes advierten que esta medida no solo estigmatiza a la juventud transgénero, sino que también criminaliza la atención médica basada en evidencia, sentando un precedente peligroso para la autonomía corporal y los derechos fundamentales en Puerto Rico. La promulgación de esta ley previsiblemente abrirá la puerta a desafíos legales por parte de las organizaciones que defienden los derechos de las personas trans.
