Más de 1.300 lesbianas, gays, bisexuales y personas trans fueron asesinadas entre 2014 y 2019 en América Latina y el Caribe, de esta cifra el 30% fue a causa del prejuicio. Estos son los resultados del informe “El Prejuicio no conoce fronteras” que evidencia cifras que alertan sobre el aumento de estos crímenes, un contexto de regresión en el reconocimiento de derechos, y la ausencia de sistemas de información estatales que permitan documentar y atender esta violencia que en estos últimos cinco años va en aumento.
Aunque la información de Brasil se publicará en detalle en un informe posterior, cabe destacar que las cifras de asesinatos serían aún más alarmantes, pues según proyecciones preliminares de la organización brasileña ANTRA, solo en Brasil los asesinatos podrían llegar a 1.650 en los últimos cinco años.
Si bien algunos de estos países latinoamericanos, como Colombia o México, han tenido avances normativos, sentando precedentes legales en la lucha contra la discriminación y violencia, la realidad no es la misma en otros como Honduras, que cuenta con la tasa más alta de homicidios de personas LGBTI en la región, o El Salvador, donde no existen entidades encargadas de poner en marcha políticas para la población LGBT a raíz del reciente cambio de Gobierno.
La falta de regulación y la continua discriminación se ha ensañado de forma específica con mujeres trans y hombres gay, quienes encabezan las cifras más altas de homicidios. Así mismo, la investigación apunta que la mayoría de las personas asesinadas son jóvenes que se encuentran en un rango de edad entre los 18 y 25 años.
Casos como el de Quelly Silva, ocurrido en Brasil, dan cuenta de que los crímenes por prejuicio siguen ocurriendo a pesar de las enormes diferencias culturales, económicas y políticas en la región. Se trata de una joven trans de Brasil quien fue asesinada por un hombre que confesó el crimen confirmando que después de “descubrir” que la víctima “era un demonio”,haciendo alusión a su identidad de género, la asesinó, le abrió el pecho y le sacó el corazón; cubriendo la herida abierta en el pecho de la víctima con la imagen de un santo.
El mensaje detrás de estas violencias es claro: lesbianas, gays, bisexuales y personas trans deben ocultar su sexualidad e identidad a cambio de mantenerse con vida.
Ante el aumento de estas violencias, las amenazas de regresión en el reconocimiento de derechos- tal como ha resaltado la Comisión Interamericana de Derechos- , y la ausencia de sistemas de información estatales que permitan documentar y atender esta violencia, 10 organizaciones de la sociedad civil conformaron la Red Regional de Información sobre Violencias LGBTI en América Latina y el Caribe y su Observatorio -SInViolencia LGBTI-, con el objetivo de recopilar información útil que sirva como insumo para formular, evaluar y dar seguimiento a políticas públicas.
Los resultados de este trabajo serán presentados este jueves 8 de agosto en El Salvador, país donde tendrá lugar el encuentro regional de organizaciones LGBTI y en el que discutirán el impacto de las diferentes violencias contra dicha población.
“Este sistema es muy importante porque es único y evidencia, no solo los altos niveles de homicidios de personas LGBTI en 10 países de la región, sino también el desinterés de los Estados, que se traduce en elevados índices de impunidad, falta de registros con enfoque diferencial de género y ausencia de políticas públicas de prevención y protección. Lo anterior permite la exigibilidad del derecho a la vida de las personas LGBTI a través de la incidencia tanto nacional como regional.” dice Claudia Gómez, experta en asuntos de género y coordinadora regional de dicho tema en la agencia de cooperación internacional de Diakonia.
TRANSSA reporto 28 homicidios cometidos en el país contra personas Lesbianas, gay y trans en el período que comprende el informe, siendo el más emblemático el cometido contra la activista trans Jessica Ruby Mori descuartizada a mediados de 2017.
