La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce la responsabilidad del Estado en el asesinato de Vicky Hernández y la falta de investigaciones y sanción, así mismo, la ausencia de políticas públicas y reconocimiento de derechos para las personas LGBTI.
El 28 de junio de 2009 Vicky Hernández fue asesinada por la fuerza pública durante el golpe de estado de Honduras. Desde entonces, su caso permaneció impune hasta que fue llevado a la Corte IDH de la mano de la organización CATTRACHAS, organización lésbica miembro de la Red Sin Violencia LGBTI+, que trabajó de manera ardua para conseguir el histórico fallo. Después de doce años, en su sentencia, la Corte constató que existían varios indicios de la participación de agentes estatales que apuntan a una responsabilidad del Estado por la violación al derecho a la vida y a la integridad de Vicky Hernández, ocurrida en un contexto de violencia contra las personas LGBTI, y en particular contra las mujeres trans trabajadoras sexuales.
El Estado de Honduras reconoció parcialmente su responsabilidad, sin embargo, la Corte señaló que, durante la investigación, las autoridades no consideraron el contexto de discriminación y violencia policial contra las personas LGBTI y, puntualmente, las mujeres trans. Además, el Tribunal también encontró que los familiares de Vicky Hernández resultaron afectadas por los daños colaterales de su asesinato.
Desde SinViolencia LGBTI, el primer observatorio regional de violencias contra personas lesbianas, gais, bisexuales y trans de América Latina y el Caribe, saludamos la decisión y apuntamos a que este histórico fallo es la evidencia de que la violencia contra las personas trans y personas LGBI siguen siendo una constante y que los estados deben trabajar no solo por sancionarlas, sino también por adoptar medidas de prevención, investigación, sanción y reparación ante los actos de violencia y discriminación hacia las personas LGBI y en concreto personas trans de la región.
Finalmente aplaudimos las medidas de reparación adoptadas por la Corte e instamos al Estado a llevar a cabo las siguientes acciones ordenadas con el objetivo de evitar futuros casos de crímenes como el de Vicky. En ese sentido, el Estado deberá promover y continuar las investigaciones sobre el homicidio de Vicky Hernández; realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional; realizar un documental sobre la situación de discriminación y violencia que experimentan las mujeres trans en Honduras; crear una beca educativa “Vicky Hernández” para mujeres trans y crear e implementar un plan de capacitación permanente para agentes de los cuerpos de seguridad del Estado.
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