El 1 de septiembre de 2023, la Procuraduría General de la República Dominicana marcó un hito en la protección de los derechos de las personas LGBTIQ al emitir la Instrucción General sobre el Manejo de Casos que Involucren Poblaciones Vulnerables, respaldada por la Resolución 0000002 del Ministerio Público. Esta normativa, de aplicación obligatoria, inmediata y general, establece medidas claras para garantizar el respeto a la identidad de género y la dignidad de las personas LGBTIQ en las instituciones judiciales. En TRANSSA, celebramos este avance, visibilizamos su impacto y ofrecemos apoyo a quienes enfrenten vulneraciones de estos derechos, reafirmando nuestro compromiso con una justicia inclusiva.
UN PASO HACIA LA JUSTICIA INCLUSIVA
La Resolución 0000002 del Ministerio Público, fechada el 1 de septiembre de 2023, define protocolos para el personal que atiende a personas de la comunidad LGBTIQ, con un enfoque en proteger su identidad y condición. Inspirada en las 100 Reglas de Brasilia, que promueven el acceso a la justicia para poblaciones vulnerables, la instrucción reconoce como tales a quienes enfrentan barreras por su edad, orientación sexual, identidad de género, estado físico o mental, o condiciones sociales, económicas, étnicas o culturales, incluyendo adultos mayores, migrantes, personas con discapacidad y cualquier otra condición que genere vulnerabilidad.
El Artículo 6 de la instrucción es clave: obliga al personal del Ministerio Público a dirigirse a las personas LGBTIQ según la identidad de género que expresen, manteniendo siempre la discreción sobre los datos revelados. “Todo personal que atienda a una víctima de la comunidad LGBTIQ debe dirigirse a su persona de acuerdo a la identidad de género que exprese. Siempre se debe guardar discreción sobre los datos revelados”, cita el documento. Este mandato busca evitar que la identidad de las personas sea usada con fines sensacionalistas y prioriza las investigaciones de violaciones de derechos humanos contra poblaciones vulnerables, con medidas como la debida diligencia, la identificación del nivel de riesgo y la reducción de desplazamientos a fiscalías para evitar revictimización.
OBJETIVOS DE LA INSTRUCCIÓN
La instrucción tiene objetivos claros para fortalecer el acceso a la justicia:
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Proteger la identidad y condición: Garantizar que las personas LGBTIQ seamos tratadas con respeto en las instituciones del Ministerio Público, reconociendo nuestra identidad de género.
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Evitar la explotación mediática: Prohibir el uso de la situación de las personas LGBTIQ como herramienta de promoción o sensacionalismo.
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Garantizar la confidencialidad: Mantener la discreción sobre los datos personales revelados, protegiendo la privacidad de las víctimas.
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Priorizar investigaciones: Dar atención inmediata a casos que involucren poblaciones vulnerables, con experticias técnicas y periciales.
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Apoyo especializado: Proveer intérpretes para migrantes o personas con discapacidad auditiva y homologar órdenes de protección en 24 horas.
Estas medidas representan un avance significativo en un país donde las personas trans y LGBTIQ enfrentamos discriminación sistémica, incluyendo en el sistema judicial, donde a menudo se nos revictimiza por nuestra identidad.
IMPACTO PARA LAS PERSONAS TRANS
Para las personas trans, esta instrucción es un paso crucial hacia la dignidad en el acceso a la justicia. Ser reconocidas por nuestra identidad de género en instituciones públicas reduce la revictimización y fomenta un trato humano. La instrucción también garantiza información clara sobre recursos legales y apoyo especializado, como intérpretes para migrantes LGBTIQ, lo que fortalece la protección de víctimas en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, la implementación efectiva de la resolución enfrenta desafíos, como la falta de capacitación del personal y los prejuicios arraigados. En TRANSSA, junto con el Observatorio de Derechos Humanos para Personas Trans (ODHPT), estamos comprometidas a monitorear su cumplimiento y apoyar a quienes enfrenten incumplimientos.
La instrucción también refuerza la necesidad de priorizar investigaciones de violaciones de derechos humanos contra personas trans, como agresiones, transfeminicidios o discriminación, enviando un mensaje claro: la justicia debe ser un espacio seguro para todas. A pesar de controversias, con algunos sectores argumentando que el Artículo 6 contraviene preceptos constitucionales o religiosos, la PGR ha aclarado que la instrucción se centra en el acceso a la justicia y el trato digno, sin modificar registros legales basados en la cédula de identidad.
¿QUÉ HACER SI NO SE CUMPLEN ESTAS MEDIDAS?
Si al acudir al Ministerio Público no se respeta tu identidad de género, se vulnera tu privacidad o no se prioriza tu caso como víctima LGBTIQ, contáctanos. En TRANSSA y ODHPT ofrecemos asesoría legal gratuita y acompañamiento para garantizar que tus derechos sean respetados:
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Contacto TRANSSA: 809-686-1949
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Contacto ODHPT: 809-960-9218
No estás sola. Si deseas apoyo o asistencia legal para hacer valer esta instrucción general al acceder a la justicia, estamos aquí para respaldarte en la defensa de tu dignidad y tus derechos.
UN LLAMADO A LA ACCIÓN: JUSTICIA PARA TODAS
La Resolución 0000002 es un avance, pero la verdadera justicia requiere compromiso colectivo. Desde TRANSSA, instamos al Ministerio Público a capacitar a su personal para garantizar la implementación efectiva de esta instrucción. Exigimos a la sociedad que combata la transfobia y la homofobia, creando entornos donde las personas LGBTIQ accedan a la justicia sin miedo. A la comunidad trans y LGBTIQ, las alentamos a denunciar cualquier vulneración, sabiendo que cuentan con el respaldo de TRANSSA y ODHPT. Invitamos a toda la población LGBTIQ a contactarnos para recibir orientación o apoyo legal si enfrentan incumplimientos de esta instrucción, asegurando que su voz sea escuchada y sus derechos protegidos.
