En un país democrático, la crítica ciudadana es un pilar fundamental de la transparencia y la rendición de cuentas. Sin embargo, el proyecto de Código Penal dominicano, que actualmente está siendo debatido, introduce una cláusula alarmante que podría transformar una expresión de indignación en un delito penal. Si se aprueba este código, la respuesta es sí: un gesto o un comentario podría enviarte a la cárcel.
El foco de esta preocupación recae en el Artículo 328 del proyecto de Código Penal, que redefine y amplía el concepto de “ultraje”. Según este artículo, se considerará “ultraje” la acción de:
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Hacer un gesto
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Enviar una imagen (como un meme o un sticker)
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Pronunciar palabras
…que se consideren ofensivas para un funcionario público. Lo más preocupante es que esta disposición aplicaría incluso si no ocurre en un espacio público, es decir, un mensaje privado o un gesto fuera de cámara podría ser suficiente para ser procesado.
Las penas propuestas para este tipo de “ultraje” son desproporcionadas y preocupantes:
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Prisión menor de 15 días a 1 año.
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Multa de hasta 3 veces el salario del funcionario ofendido.
Esto significa que, si te indignas ante una situación, un comentario o una acción de un funcionario público y respondes con:
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Un meme crítico en redes sociales.
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Un sticker en WhatsApp que expresa tu descontento.
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Un comentario indignado en una conversación privada.
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Un gesto espontáneo fuera del ojo público.
¿Eso es delito? ¿O es un intento descarado de silenciarte?
Para las organizaciones de derechos humanos y la ciudadanía consciente, la respuesta es clara: la crítica no se censura con miedo. Un Código Penal no debe ser una herramienta para blindar a los funcionarios públicos de la escrutinio ciudadano. Este artículo, lejos de defender el orden público, parece diseñado para defender el poder y reprimir la disidencia.
Un Estado social y democrático de derecho fomenta el debate, la crítica y la participación. Criminalizar la expresión de descontento, incluso en sus formas más triviales o privadas, es un retroceso autoritario. La libre expresión es un derecho fundamental que permite a la ciudadanía pedir cuentas a sus representantes.
Exige un mejor Código. Un Código Penal debe proteger a la gente, no a quienes ejercen el poder y buscan blindarse de la crítica legítima. No podemos permitir que un gesto nos mande a la cárcel.
